Olivo Saldaña dice que Luis Carlos Restrepo buscó frenar la extradición de alias ‘El Indio’

Bogotá, 12 de febrero (RAM).Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, manifestó que una asesora jurídica de la oficina del Alto Comisionado para la Paz buscó evitar «a toda costa» la extradición del narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes, alias ‘El Indio’, quien según la Fiscalía financió las falsas desmovilizaciones del Bloque Cacica La Gaitana de las Farc.

Así se desprende de apartes conocidos de un interrogatorio que rindió ante la Fiscalía Nacional Anticorrupción, alias ‘Olivo Saldaña’, el pasado 27 de Enero, donde manifestó directamente que el ex alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, negoció con alias ‘El Indio’ para que financiara la falsa desmovilización, con el objetivo de evitar que siguiera en curso el tratado de extradición que se preparaba contra él.

El abogado de Raúl Agudelo Medina manifestó que la Fiscalía está desorientada sobre las cifras que tiene sobre milicianos desmovilizados en el Bloque Cacica La Gaitana.

“Esperaremos la imputación y ejerceremos nuestra defensa, inclusive mi defendido alias ‘Olivo Saldaña’ ya rindió un interrogatorio ante la Fiscalía, verificable ante todo sentido y los hechos que está imputando la Fiscalía no son”, sostuvo Mejía.

Según la imputación contra el ex alto comisionado Fiscalía, Restrepo y dos coroneles del Ejército acordaron la falsa desmovilización junto con ‘Olivo Saldaña’, no obstante a que el sujeto se encontraba recluido en la penitenciaría de La Picota, no hacía parte de las Farc, y por el contrario estaba siendo buscado por la organización subversiva, debido a que había decidido fugarse con una cuantiosa suma de dinero perteneciente a las arcas de la guerrilla.

A juicio de la Fiscalía, el exfuncionario es responsable por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, concierto para delinquir, fraude procesal, y tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, estableciendo que hasta dicha fecha les fueron pagados un cifra superior a los $ 1.000 millones de pesos provenientes del patrimonio público.