Gobierno retira el fuero militar de reforma a la justicia
Indicó que se establecerá el campo de acción de las Fuerzas Militares y que además delimitará cuáles actos son considerados de servicio y cuáles no.
Esta presentación de un nuevo acto legislativo, con apenas dos artículos ante el Congreso, en marzo, cuando reinicien actividades, fue sugerido por la Comisión de Alto Nivel integrada por militares y policías, y un ex presidente de la Corte Constitucional.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que la intención no es abrirle espacio a la impunidad para delitos cometidos por integrantes de la Fuerza Pública.
“De lo que se trata entonces no es de retirar el tema del fuero sino de pedirle al Congreso de la República que excluya este artículo del proyecto de Reforma a la Justicia, simplemente en razón de que el tema, como parte de todo lo relacionado con la justicia penal militar, va a estar incorporado en el proyecto de acto legislativo integral que se le presentará al Congreso en las próximas semanas y que abordará en todo su conjunto los temas propios de la Justicia Penal Militar”, sostuvo el Ministro Esguerra.
La Comisión, que se encuentra integrada por los expresidentes de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, Eduardo Montealegre y Jaime Córdoba; el exviceministro de justicia Rafael Nieto Loaiza; y los generales retirados Edgar Peña Velásquez y Juan Salcedo Lora, sugirió preparar un nuevo proyecto de reforma constitucional (distinto del proyecto de reforma a la justicia que cursa actualmente en el Congreso) que, con criterio de integralidad, plantee una reforma al sistema de justicia penal militar e incluya, entre otras cosas, una reforma al fuero penal militar.
El ministro resaltó la celeridad, el equilibrio y la integralidad con la que esta Comisión abordó el tema y sostuvo que las recomendaciones destacan y preservan los postulados que tienen que haber en el tema de la justicia penal militar.
“De ninguna manera se trata de darles ventajas o prebendas, que no tendrían justificación ninguna, a los miembros de la fuerza pública que hayan de atender el llamado de la justicia en un momento determinado por razón de sus conductas eventualmente apartadas de la ley”, dijo el alto funcionario.
El Ministro también agregó que se elevan a rango constitucional ciertos delitos en relación con los cuales se hace la afirmación rotunda, en el sentido de que no serán considerados, en ninguna circunstancia, actos del servicio y en todo caso su conocimiento, su investigación, su juzgamiento le corresponderá a la justicia ordinaria.
Entre estos delitos que quedarán consignados en la Constitución nacional se encuentran los de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, violaciones sexuales y las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’.
Esguerra recalcó que de esta forma se vuelve por los fueros de la justicia penal militar “que ha venido perdiendo terreno en la práctica y que por supuesto tiene que funcionar para lo que está concebida, que es para que la experiencia y el conocimiento específico y especializado de quienes la componen puedan investigarse y juzgarse en debida forma las conductas de los miembros de la fuerza pública que se mueven en campos tan distintos de los que nos movemos los ciudadanos comunes y corrientes”.
El Gobierno espera radicar el nuevo proyecto tan pronto el Congreso reanude sus sesiones ordinarias.
“Este es un tema que nosotros hemos llevado a la discusión pública, con el ánimo de que haya una conciencia entre todos los colombianos de la necesidad y conveniencia de ofrecerle todas las garantías en su accionar a la Fuerza Pública, para que respetando los derechos humanos, la Constitución y la leyes, ellos puedan tener claridad a la hora de actuar, en contra de las amenazas contra el pueblo colombiano”, señaló el Ministro Pinzón.
El acto legislativo que presentará el gobierno nacional pretende que la Constitución Nacional de Colombia deje en claro que por ningún motivo serán competencia de la Justicia Penal Militar delitos como los de lesa humanidad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, violaciones o cualquier otra agresión sexual; y de esta manera se definan los límites de competencias entre la justicia ordinaria y la JPM.
“Esta decisión deja en claro nuestra preocupación por las cosas que se demandan por parte de la opinión pública, pero también por parte de la fuerza pública y deja en claro que no se permitirá retroceder ni un paso en materia de derechos humanos, y que de ninguna manera habrá impunidad con este esquema constitucional” concluyó el Ministro Pinzón.
La Comisión, que fue integrada en diciembre del año pasado, fue clara en determinar la importancia de elevar a rango constitucional estos temas, a través de la presentación de un acto legislativo. Según Manuel Jose Cepeda, vocero de la Comisión “es de suma importancia dado que en Colombia hay un conflicto armado, asegurar que el Derecho Internacional Humanitario y alguna infracción en el curso del conflicto armado a dicho derecho sea juzgada por la Justicia Penal Militar salvo los delitos que se han mencionado anteriormente como los de lesa humanidad, tortura, ejecuciones extrajudiciales”.
Según el Ministro de Defensa, esta decisión demuestra que para el Gobierno Nacional es una prioridad la defensa y la protección del ámbito de acción de los soldados de tierra, mar y aire y los policías de Colombia.
El Ministro Pinzón sostuvo que “es muy importante y sé que lo es para los miembros de la fuerza pública que se avance en esta discusión, y empecemos a aclarar de una vez por todas el marco de acción de la Fuerza Pública dándole tranquilidad a todos los sectores en el marco de la constitución, de las sentencias de la Corte Constitucional y de los acuerdos internacionales, pero al mismo tiempo con la claridad que los miembros de la fuerza pública deben tener la posibilidad de actuar decididamente cuando de manera legítima estén enfrentando amenazas contra el pueblo colombiano”.
