Frenan expedición de la circular roja de Interpol contra Luis Carlos Restrepo
Bogotá, 14 de febrero (RAM).Por las inasistencias de alias “Olivo Saldaña” y el desmovilizado José Alfredo Pacheco, la Juez 62 de garantías aplazó para el próximo miércoles 15 de febrero la audiencia de imputación de cargos contra seis vinculados a las falsas desmovilizaciones del bloque Cacica al Gaitana.
La juez Susana Rodríguez argumentó que por problemas de notificación se vio obligada a suspender la audiencia.
«La remisión de estas personas Raúl Agudelo y José Alfredo Pacheco para el día de hoy ha resultado imposible, en la primera causa fue imposible porque Agudelo se encuentra en Justicia y Paz y la segunda por problemas de notificación», dijo la juez 62 de garantías.
De la misma forma señaló que continuará con los trámites de la imputación contra 6 vinculados en 48 horas.
«Comunicaremos con el Inpec para que se haga efectivo el traslado y se realice la comparecencia de estas 2 personas privadas de la libertad el próximo miércoles 15 de enero», dijo la juez Restrepo.
Por este aplazamiento queda pospuesta la solicitud que realizaría la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento contra el comisionado Luis Carlos Restrepo y posterior orden de captura internacional por parte de la Interpol.
Recordemos que la Fiscalía le imputó a Restrepo los delitos de Fraude Procesal, Peculado por apropiación, Prevaricato por acción y porte, tráfico y comercialización de armas e uniformes de uso privativo de las fuerzas militares
Uno de los argumentos que tendrá en cuenta la Fiscalía para solicitar la medida de aseguramiento es que el ex comisionado para la paz fue el cerebro de una empresa criminal llamada Cacica la Gaitana, la cual señala la Fiscalía tenía fines “personales y políticos que terminó convirtiéndose en el negocio del siglo XXI”, según la Fiscalía.
A juicio del ente acusador, el ex funcionario es responsable por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, concierto para delinquir, fraude procesal, y tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, estableciendo que hasta dicha fecha les fueron pagados un cifra superior a los $ 1.000 millones de pesos provenientes del patrimonio público.
