9 de diciembre de 2021
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Fedepalma urge a Mintrabajo dar claridad sobre contratación con Cooperativas de Trabajo Asociado

8 de febrero de 2012
8 de febrero de 2012

También resultaron afectadas cuatro Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) y una empresa de servicios temporales, a través del Consejo Gremial Nacional,  Confecoop, Ascoop e incluso entidades gubernamentales que contratan servicios con las CTA,  para  ratificar  con claridad los alcances del régimen de contratación aplicable.

De acuerdo con esta sugerencia, será tarea de dicho equipo formular las correspondientes recomendaciones de políticas en materia de dinamización de la vida laboral para aplicar adecuadamente los mecanismos de contratación legítimos, que ofrezcan garantías para el cumplimiento de condiciones dignas de trabajo, así como  la implementación de una posible reforma laboral integral, dentro de un marco de gradualidad (progresividad) y estabilidad jurídica, expresó Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma.

Señales contradictorias para otros sectores productivos y el empleo

El Presidente Ejecutivo de Fedepalma consideró que otros sectores productivos de la economía nacional, así como el sector solidario, por no decir el propio Estado, que es el principal contratante de las cooperativas de trabajo, “deben estar muy desconcertados  con las señales contradictorias que envía este Gobierno frente a la continuidad del modelo cooperativo de la economía solidaria, el cual es factor de organización y movilidad social, facilitando el tránsito de una condición de trabajador al de empresario.

El riesgo de esta situación es que, esta clase de manejo, en el que pareciera que sea más importante la multa que la orientación, pueda llegar inclusive a estimular el uso de las vías de hecho, afectando la generación de empleo y creando incontables pérdidas por causa de bloqueos ilegales, como ya ocurrió lamentablemente durante más de 51 días en Puerto Wilches, con las consecuentes implicaciones para el orden público, la economía de esas comunidades y la seguridad de la zona”, recordó el vocero gremial.

Precisó que  acuerdo con los estudios estadísticos del DANE sobre empleo en Colombia, en el sector rural la informalidad asciende a más del 80%, es decir, se trata de jornaleros informales que no gozan de las garantías sociales que contempla nuestra legislación.

“Por el contrario, y de acuerdo con el reciente estudio de Fedesarrollo, sobre Caracterización del Empleo en el Sector Palmicultor Colombiano, dirigido por el hoy Viceministro de Empleo y Pensiones, Mauricio Olivera, se resalta la calidad del empleo y de la contratación laboral, los mayores ingresos de los trabajadores frente a otras actividades en sus zonas de influencia, la mayor cobertura de seguridad social y el mejoramiento del nivel de vida de las familias vinculadas a la agroindustria, resumiendo que el sector palmero contribuye positivamente a la formalización en el campo colombiano”.

Reclamo al manejo dado a las sanciones

Por último, el dirigente gremial dio a conocer su extrañeza de que esta cartera, desconociendo los acuerdos previstos en el Acta de Cumplimiento y Seguimiento suscrita el 8 de noviembre de 2011 por representantes de los gobiernos nacional y seccional, la CUT y Sintrainagro, y las empresas Oleaginosas Las Brisas S.A y Palmas Monterrey Ltda., haya impuesto  y comunicado, a través de los medios de comunicación, sanciones y multas por cerca de $11 mil millones, como consecuencia de los procesos administrativos de inspección y vigilancia, afectando el buen nombre y la reputación no sólo de Oleaginosas Las Brisas S.A., sino de todo el sector palmero colombiano.

“Somos los primeros en respetar las decisiones de las autoridades e independientemente de las particulares razones que cada empresa tuviere para expresar, en ejercicio del Derecho de defensa, su inconformidad y discrepancia con el criterio expresado por el Ministerio que usted preside, carece de razonabilidad frente al deber de la autoridad de orientar y guiar, presentar como un hecho cumplido y exponer al escarnio público a entidades e instituciones generadoras de empleo que durante años han cumplido sus obligaciones, en regiones en las que el Estado no suele alcanzar a materializar sus propósitos sociales, sin aclarar siquiera que existen los recursos de ley y que, por lo tanto, tal decisión aún no está en firme”.

Mesa Dishington precisó que tales hechos adquieren aun mayor gravedad en la medida en que abre el camino a las responsabilidades patrimoniales que se pudieren derivar para las autoridades, cuando adoptan decisiones que causan perjuicio moral y material a los particulares.