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Contraloría cuestiona monopolio en negocio de la gasolina y plantea liberación de precios

2 de febrero de 2012
2 de febrero de 2012

Bogotá, 3 de febrero (RAM).  Un estudio sobre los precios de los combustibles elaborado por la Contraloría General de la República, devela la existencia de un monopolio en el negocio de la gasolina, advierte fallas en la política del Ministerio de Minas y plantea una liberación de tarifas.


La Contraloría cuestiona la legalidad de algunos cargos que se le trasladan al consumidor dentro de la tarifa y que en realidad debería asumir Ecopetrol.

El documento, elaborado en 2011, cuestiona el hecho de que no existe competencia en el negocio de producción, refinación y distribución de combustibles, por lo que se constituyen “monopolios y oligopolios” que controlan el negocio. «El Suministro de estos productos opera bajo el monopolio de Ecopetrol que desde 2007 se transformó en una sociedad mixta con 10,1 por ciento de capital privado».

En Colombia, sólo tres multinacionales controlan el 80 por ciento de la distribución de gasolina y diesel, con lo cual, la competencia es muy reducida también en ese eslabón.

La Contraloría advierte que en el continente, Colombia es el quinto país con mayores costos de combustibles, sólo superado por Cuba, Brasil, Uruguay y Perú.

También señala que hasta el año 2007 los colombianos pagaban una tarifa que incluía costos de transporte, seguros y fletes, como si se comprara en el Golfo de México y solo hasta ese año se corrigió el cobro de esos componentes que en la realidad no se causaban.

El organismo advierte y cuestiona la legalidad del cobro de “impuestos sobre impuestos” en la tarifa de la gasolina y el diesel, es decir, lo que técnicamente se conoce como una cascada tributaria: dice el documento que «actualmente el consumidor está pagando sobre tasa sobre un precio que ya recoge todos los componentes tributarios».

Los consumidores están pagando además cargos que a juicio de la contraloría no están justificados como son la tarifa de marcación que el organismo considera no tendría que asumir el público sino Ecopetrol debido a que lo que busca es evitar el hurto. También pagan un margen de continuidad con el que los usuarios están financiando inversiones que debería asumir la petrolera.

Los cuestionados impuestos a la gasolina les han costado a los consumidores un cargo adicional de 500 mil millones de pesos al año que fueron a parar a los entes territoriales. Sin embargo, la Contraloría advierte que si se suprime este sistema, los municipios tendrían que hacer un sacrificio fiscal.

El organismo advierte también sobre el alto costo que tiene para las finanzas públicas cubrir la diferencia de precios entre las tarifas internacionales y el precio interno y sugiere que una posible liberación de precios para evitar que el Estado siga asumiendo dicha carga.

La Contraloría también midió el impacto que tiene el precio de la gasolina en la inflación y señala que los combustibles pesan cerca del 3 por ciento en el total de precios de la canasta familiar.
Por último cuestiona la eficacia del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, con el que el Ministerio de Minas amortigua las alzas pero que ya es deficitario.

Considera la Contraloría que “no existe claridad sobre cuáles son los precios topes y pisos y hasta que monto del presupuesto público está dispuesto a asumir el Gobierno Nacional Central».