27 de noviembre de 2021
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Tribunal Superior confirmó condena de 30 años contra Plazas Vega

30 de enero de 2012
30 de enero de 2012

En las consideraciones de la decisión se manifiesta que ninguna unidad militar del país podrá tener el nombre el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, sea cumplida en un centro carcelario que no “ofenda el dolor de las víctimas”, ni la igualdad de los reclusos y se exhorta a que se establezca la responsabilidad penal del expresidente de la República, Belisario Betancour con plena calidad por los hechos ocurridos el seis y siete de noviembre de 1985.

gualmente, se niega la nulidad parcial en las investigaciones que se han adelantado sobre el paradero de Cristina del Pilar Guarín , David Suspes Celis, Bernardo Beltrán, Héctor Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela, Norma Constanza Esguerra, Gloria Isabel Anzola de Lanao y Lucy Amparo Oviedo Bonilla, consideradas en la primera sentencia como desaparecidos.

En estos casos, señala la decisión, que la investigación "no reunía los requisitos de seriedad e integridad" en los que resultaban vulnerados los derechos del coronel (r) Plazas Vega y de las víctimas, "motivo por el cual dispuso la nulidad de la actuación a partir del cierre de la investigación, para que se recolecte más evidencia y se establezca si dichas personas realmente se en encuentran desaparecidas o sus cuerpos reponsan entre los cadáveres encontrados y evacuados del Palacio de Justicia".

En uno de los principales puntos se aclara que el Gobierno debe "disponer" de medidas que "honren la memoria de las víctimas directas, pero que también impliquen, dentro de lo que es posible, impedir que conductas semejantes a éstas en atrocidad y en agresión al conjunta de valores y principios que conforman la dignidad humana".

Entre las principales medidas que manifiesta el Tribunal Superior de Bogotá se ordena la publicación de la sentencia de 1.200 páginas en las páginas web del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional, para que sirva de ejemplo de lo que debe hacer la Fuerza Pública.

Despacho de EFE  a sus abonados del mundo:

EFE

BOGOTÁ.- La Fiscalía colombiana pidió el viernes abrir una investigación penal contra el ex presidente Belisario Betancur (1982-1986), por la ocupación guerrillera del Palacio de Justicia en 1985, por parte de un grupo guerrillero, y por el desenlace de la operación militar para recuperar la edificación.

Fuentes oficiales señalaron que junto al ex presidente del Partido Conservador, se pidió, asimismo, que se investigue penalmente al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, por la época comandante de la XIII Brigada del Ejército, que manejó la operación de desalojo del Palacio.

También será investigado el retirado general Rafael Zamudio Molina, quien entonces era ministro de Defensa.

La decisión fue adoptada por la fiscal en el marco del jucio contra el coronel retirado del Ejército, Edilberto Sánchez, ex jefe de inteligencia de esa arma y acusado de haber participado en la desaparición de 11 personas.

Más de un centenar de muertos

Entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, un comando del desarticulado Movimiento 19 de Abril (M-19), ocupó esa sede judicial en el centro de Bogotá, y tras 27 horas de fuego, murieron más de un centenar de personas y once fueron dadas por desaparecidas.

Sánchez, según la Fiscalía, dirigió la operación de verificación de las personas que, al parecer salieron con vida de la edificación judicial.

El oficial fue vinculado a la investigación después de que la Fiscalía encontrara pruebas de que al menos dos de las 11 personas dadas como desaparecidas habían salido con vida: el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, y la cajera temporal María Cristina Guarín.

Otros procesados por los hechos

También están procesados en la misma causa los sargentos en retiro Antonio Jiménez Rubay y Ferney Causallá Peña, acusados de secuestro y desaparición forzada.

Asimismo los coroneles Luis Eduardo Sánchez Parra y Alfonso Plazas Vega, igualmente detenidos.

Hace pocos meses una 'comisión de la verdad', creada por la Corte Suprema de Justicia en noviembre del 2005, para tratar de esclarecer lo sucedido en la sede judicial, señaló que "parte de la responsabilidad la tuvo el Presidente" Betancur.

Esa comisión anotó que Betancur "actuó como un espectador más de los hechos", ya que no negoció con la guerrilla del M-19, pese a las súplicas de los rehenes para un cese del fuego y subrayó que "hubo ausencia de poder".

'El Gobierno no quiso negociar'

"Es claro que el Gobierno no quiso negociar, sin tener en cuenta que eso no se supeditaba al diálogo y a salvaguardar las víctimas, la vida de los rehenes", señaló el informe de tres ex magistrados integrantes de esa comisión.

Betancur, según el documento de la comisión de la verdad, tampoco tomó decisiones para evitar el ingreso de la Fuerza Pública al Palacio.

Integraron esa comisión los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla.