Ratifican condena de 30 años de cárcel contra coronel (r) Alfonso Plazas Vega
Después de más de un año el Tribunal confirmó la sentencia. Según la decisión conocida por Noticias RCN, Plazas Vega fue sentenciado a 30 años de prisión no por la operación de la retoma sino por lo que pasó con las personas que salieron vivas del Palacio el 7 de noviembre de 1985 y que siguen desaparecidas.
Casi 26 años después de que encabezó con ataques blindados la recuperación del Palacio de Justicia, asaltado por un comando del M-19 un día antes el 6 de noviembre de 1985, el coronel Alfonso Plazas Vega se convirtió en el militar condenado en firme por este caso.
Eran diez empleados de la cafetería y la guerrillera Irma Franco. Por lo menos dos de esas personas fueron llevadas a un lugar secreto en la Escuela de Caballería comandada por Plazas.
Hace 4 años Plazas Vegas está preso por el caso de los desaparecidos
El coronel (r) Alfonso Plazas Vega estuvo al frente del operativo de rescate del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Su puesto mando estaba en la Plaza de Bolívar, ha estado en prisión los últimos cuatro años.
El de Plazas Vega es uno de los casos más recordados, familiares de víctimas y desaparecidos del Palacio de Justicia lo señalaron como responsable de estos actos. El 16 de julio del 2007 el Coronel retirado fue capturado y desde ese momento ha permanecido detenido. Durante su detención Plazas Vega ha alegado tener dificultades de salud por lo que además el ex comandante de la Escuela de Caballería de Bogotá ha tenido una de las detenciones hospitalarias más largas de la historia. Durante las diligencias judiciales Plazas Vega ha protagonizado diferentes polémicas.
Además ha sostenido que no tiene responsabilidades con las desapariciones durante la toma del Palacio de Justicia sin embargo el 9 de junio de 2010, en primera instancia, Plazas Vega fue hallado responsable de la desaparición de 11 personas y, por esa razón, el Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá, lo condenó a 30 años de prisión.
Tras esta situación el Coronel Retirado apeló el fallo condenatorio ante el Tribunal Superior de Bogotá que lo halló responsable de la desaparición de 11 personas y lo condenó a 30 años de cárcel.
Familiares de víctimas dicen que el fallo del Tribunal hace justicia
El hijo de Héctor Beltrán quien se encontraba en la cafetería del Palacio de Justicia cuando ocurrió la toma, recibe con prudencia la decisión en contra del coronel Plazas y afirma que aun falta lo más importante por saber.
Otros familiares de víctimas como Alejandra Rodríguez se lamenta por la lentitud de la justicia en este caso, sin embargo, confiesa que el fallo representa un alivio, en este tortuoso trance. Desde 1985 once familias de personas desaparecidas en los hechos del Palacio de Justicia han librado una compleja batalla jurídica a la espera de que se haga justicia.
Militares retirados rechazan condena contra Plazas Vega
Militares retirados aseguran que el fallo del Tribunal es una gran injusticia contra las Fuerzas Armadas. Dicen que los verdaderos responsables de la toma del Palacio de Justicia fueron perdonados y están libres haciendo política.
El excomandante de las Fuerzas Militares, general Harold Bedoya, dijo que los organismos judiciales del país aplicaron toda la ley al Coronel pero dejaron en la impunidad la condena a los comandantes del M-19 que ordenaron el holocausto del Palacio de Justicia.
Fuente: Canal RCN
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EFE
BOGOTÁ.- La Fiscalía colombiana pidió el viernes abrir una investigación penal contra el ex presidente Belisario Betancur (1982-1986), por la ocupación guerrillera del Palacio de Justicia en 1985, por parte de un grupo guerrillero, y por el desenlace de la operación militar para recuperar la edificación.
Fuentes oficiales señalaron que junto al ex presidente del Partido Conservador, se pidió, asimismo, que se investigue penalmente al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, por la época comandante de la XIII Brigada del Ejército, que manejó la operación de desalojo del Palacio.
También será investigado el retirado general Rafael Zamudio Molina, quien entonces era ministro de Defensa.
La decisión fue adoptada por la fiscal en el marco del jucio contra el coronel retirado del Ejército, Edilberto Sánchez, ex jefe de inteligencia de esa arma y acusado de haber participado en la desaparición de 11 personas.
Más de un centenar de muertos
Entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, un comando del desarticulado Movimiento 19 de Abril (M-19), ocupó esa sede judicial en el centro de Bogotá, y tras 27 horas de fuego, murieron más de un centenar de personas y once fueron dadas por desaparecidas.
Sánchez, según la Fiscalía, dirigió la operación de verificación de las personas que, al parecer salieron con vida de la edificación judicial.
El oficial fue vinculado a la investigación después de que la Fiscalía encontrara pruebas de que al menos dos de las 11 personas dadas como desaparecidas habían salido con vida: el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, y la cajera temporal María Cristina Guarín.
Otros procesados por los hechos
También están procesados en la misma causa los sargentos en retiro Antonio Jiménez Rubay y Ferney Causallá Peña, acusados de secuestro y desaparición forzada.
Asimismo los coroneles Luis Eduardo Sánchez Parra y Alfonso Plazas Vega, igualmente detenidos.
Hace pocos meses una 'comisión de la verdad', creada por la Corte Suprema de Justicia en noviembre del 2005, para tratar de esclarecer lo sucedido en la sede judicial, señaló que "parte de la responsabilidad la tuvo el Presidente" Betancur.
Esa comisión anotó que Betancur "actuó como un espectador más de los hechos", ya que no negoció con la guerrilla del M-19, pese a las súplicas de los rehenes para un cese del fuego y subrayó que "hubo ausencia de poder".
'El Gobierno no quiso negociar'
"Es claro que el Gobierno no quiso negociar, sin tener en cuenta que eso no se supeditaba al diálogo y a salvaguardar las víctimas, la vida de los rehenes", señaló el informe de tres ex magistrados integrantes de esa comisión.
Betancur, según el documento de la comisión de la verdad, tampoco tomó decisiones para evitar el ingreso de la Fuerza Pública al Palacio.
Integraron esa comisión los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla.
