27 de noviembre de 2021
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Fiscalía imputa cargos a los Dávila Abondano por Agro Ingreso Seguro

24 de enero de 2012
24 de enero de 2012
Los cobijados con la imputación de la Fiscalía son: Alfonso, Juan Carlos y Alberto Dávila Abondano, Germán Zapata Hurtado, Luis Miguel Vergara Díazgranados, Jesús Antonio Carreño Granados y Manuel Guillermo Barrios del Ducca, procesados por las irregularidades descubiertas en el otorgamiento de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, AIS, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

El fiscal del caso sostuvo que los hermanos Dávila Abondano para acceder a esos dineros parcelaron en cinco predios la finca Las Mercedes, ubicada en zona rural del municipio de Ríohacha (Guajira). Según el funcionario judicial otro tanto aconteció con la finca La Tequendama, situada en el municipio de Aracataca (Magdalena), que fue parcelada en dos predios: El Salado Uno y El Salado Dos, con el fin de aumentar sus beneficios.
Igual maniobra y con el mismo propósito , dijo el fiscal del caso, efectuaron en el predio La Cimarrona los Dávila Abondano.

El fiscal señalo que con el fin de apoderarse de los dineros del Estado; sin cumplir con ningún requisito y presentando documentos falsos de terrenos no autorizados, los Dávila Abondano crearon dos empresas en las que fungieron como gerentes, arrendatarios y arrendadores para lograr la selección de los proyectos de riego y drenaje que al final era uno solo, y que fue enviado por cada una de las propuestas aprobadas.

Así, por medio del Grupo Dabon los tres hermanos incluyeron como: arrendatarios, gerentes y funcionarios de las empresas a sus empleados, quienes son los otros cuatro imputados y que fungían como integrantes de los proyectos presentados, explicó el fiscal.

Según lo establecido durante la investigación, el detrimento patrimonial asciende a dos mil 473 millones151 mil pesos, dinero que fue devuelto en su totalidad por los hoy procesados.

Al término de la audiencia los imputados no se allanaron a cargos. En las próximas horas se conocerá la decisión de la juez de garantías sobre la medida de aseguramiento en contra de esas personas.