Fiscalía abrió indagación contra Samuel Moreno por carrusel de la salud
La decisión sale de una compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema de Justicia con el fin de establecer si el suspendido burgomaestre incurrió en el nombramiento irregular de gerentes de hospitales y centro médicos públicos entre los que se destacan el de Meissen y Simón Bolívar.
La Fiscalía también investigará por estos hechos al contratista Julio Gómez, y al interventor Manuel Sánchez, entre otros funcionarios y ex funcionarios.
En la investigación preliminar, también están involucrados el exsecretario de Salud y de Hacienda de Bogotá, Héctor Zambrano, el gerente del hospital de Meissen, Luis Guillermo Cantor, gerente del hospital Simón Bolívar, junto con siete concejales de la Capital, entre los que se encuentran Antonio Sanguino, Hipólito Moreno, Darío Fernando Cepeda y Jorge Ernesto Salamanca.
La decisión de la Corte es del pasado 4 de noviembre y fue firmada por los magistrados Javier Zapata, José Leonidas Bustos y Julio Enrique Socha. En el documento de nueve páginas, conocido por El Espectador, se citan los testimonios de Germán Olano y la contratista Gloria Inés García Coronel —además de documentación allegada por parte del CTI de la Fiscalía— en los que relacionan el presunto interés de Samuel Moreno como congresista respecto de la construcción del hospital Meissen para que la obra, que costó $33 mil millones, le fuera adjudicada a una empresa de Julio Gómez y la interventoría al abogado Manuel Sánchez. Ambos apoyaron la campaña de Samuel a la Alcaldía.
Los testigos refirieron que Gómez, Sánchez y los hermanos Moreno Rojas eran amigos del entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano. Pero, sobre todo, muy allegados a Carlos Hernando Lizcano Benítez y a Luis Guillermo Cantor Wilches, ambos nombrados como gerentes de los hospitales Meissen y Simón Bolívar, respectivamente. De hecho, sobre Cantor Wilches, el informe que presentó Gustavo Petro en noviembre de 2010 sobre el seguimiento a la contratación de Bogotá reseñó que desde que se había posesionado como gerente a finales de 2009 el número de empleados se había disparado, a pesar de que la cifra de usuarios no había aumentado y no había oficinas para instalarlos.
En su reporte Petro etiquetó a Cantor Wilches como “cercano a la casa Moreno Rojas” y resaltó que el incremento de funcionarios en el hospital había ocurrido apenas meses antes de las elecciones al Congreso en 2010. Germán Olano aportó más detalles y dijo ante la Corte que en reuniones en el apartamento de Manuel Sánchez, con la presencia de Julio Gómez, el abogado Álvaro Dávila y Samuel Moreno, se mencionaron las buenas relaciones entre el entonces senador y el alcalde Garzón, con su secretario de Salud Zambrano, así como el apoyo político de algunos concejales a la directora del IDU, Liliana Pardo, también procesada por el carrusel.
“Es en estos encuentros en los que Julio Gómez y Manuel Sánchez hicieron saber del interés de Samuel Moreno en el contrato para la construcción del hospital Meissen”, se lee en el auto de la Corte Suprema. Con una particularidad increíble: la firma del abogado Manuel Sánchez fue la encargada de evaluar las propuestas presentadas para la construcción de ese centro de salud y, al tiempo que se escogió a la unión temporal conformada por las empresas de Julio Gómez, se pedía que la interventoría la hiciera Sánchez, es decir, quien escogió al contratista. Con esta base la Corte abrió una nueva investigación contra Moreno Rojas por estas vueltas denunciadas por Germán Olano.
No es todo. También se menciona la supuesta manipulación en la designación de Lizcano Benítez y Cantor Wilches como gerentes de los hospitales controlados por la familia Moreno Rojas cuando Samuel era alcalde. “Dichos nombramientos eran una exigencia porque obedecían a intereses particulares, principalmente del senador Iván Moreno, como lo hacen ver, además de Olano, los testigos Gloria Inés García Coronel y Héctor Manuel Lemus Montañez”, destacó la Corte. En esencia, se sugiere que los Moreno necesitaban a alguien de confianza como gerente del Simón Bolívar porque se aproximaba la construcción de una torre nueva por un valor de $60 mil millones.
Germán Olano y Gloria Inés García contaron con lujo de detalles cómo manejaba Iván Moreno la salud en Bogotá, al punto de que ya era corriente oír que los hospitales tenían dueño. Además, que explotaba económicamente el hospital Simón Bolívar “a través de una unidad renal o un departamento de imágenes en las que el senador estaba interesado para obtener el 25% de las utilidades, según lo hizo saber el secretario de Salud Héctor Zambrano al excongresista Olano Becerra”. Y algo más grave: se relató que el gerente de ese hospital, Cantor Wilches, les exigía dinero a los contratistas con destino a la campaña de Iván Moreno. Igual habría ocurrido en el hospital Meissen.
La Corte Suprema también pidió investigar a Iván Moreno por el nombramiento de funcionarios en instituciones del Distrito durante la Alcaldía de su hermano, en especial en el Simón Bolívar y la Secretaría de Educación, “en este último caso a través de la subsecretaria Martha Vega”, quien fue su secretaria de Educación cuando fue alcalde de Bucaramanga. Con estas denuncias la Corte abrió otro expediente en contra de Iván Moreno, quien el pasado 8 de noviembre fue llamado a juicio por los delitos de cohecho, concusión e interés ilícito en la celebración de contratos por el escándalo de la malla vial de Bogotá.
