30 de noviembre de 2021
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El mal ejemplo de las altas cortes

15 de enero de 2012
15 de enero de 2012

CONSEJO DE LA JUDICATURA

En efecto, el magistrado Henry Villarraga, miembro de la Sala Disciplinaria, señala al también magistrado Néstor Correa, de la Sala Administrativa, de haber eliminado varios cargos de la primera de ellas y haber ordenado la publicación de los viajes de los miembros de las altas cortes en los últimos dos años. Para Villarraga se trata de un “espectáculo mediático” que le ha hecho mucho daño al Consejo Superior de la Judicatura.

El magistrado Villarraga no se guardó adjetivos a la hora de cuestionar el comportamiento de su colega: “¿El qué se cree? ¿El adalid de la transparencia? No puede cuestionar la jurisdicción disciplinaria cuando la plata de la descongestión de la justicia se ha gastado en la Sala Administrativa”. Además anunció que en los próximos días pedirá explicaciones públicas a Correa por un viaje que el magistrado realizó a Barcelona, España, a un curso de capacitación que habría sido pagado, al parecer, con dineros públicos. Correa, por su parte, afirma que los señalamientos de Villarraga no son ciertos y que los pagos tanto del viaje como del curso salieron de su bolsillo.

Como puede observarse, se trata de una “pelea de verduleras” que en nada se compadece con las dignidades que ambos magistrados ostentan y que exige que ambos entreguen una pronta y contundente explicación de sus actos.

El enfrentamiento entre los magistrados de las salas Disciplinaria y Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se presenta en momentos en que el Congreso de la República se define la suerte de la reforma estructural a la administración de justicia, iniciativa que navega prácticamente a la deriva, pues ni el Consejo de Estado, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el propio Consejo Superior de la Judicatura, la respaldan, pues consideran que no resuelve los problemas de fondo de la Rama. ¿Dónde radica la crisis de la administración de justicia? ¿Cuál es el origen del problema? ¿Qué medidas se deben tomar para superar la crisis actual? ¿Dónde está la solución a la problemática actual?

1. El origen del problema
La Constitución de 1991, tal como era el lema del gobierno de la época, produjo un verdadero “revolcón” en la administración de justicia, al pasar de dos altas cortes a cinco, todas en el mismo nivel de jerarquía y con competencias cruzadas en muchos casos. La Corte Constitucional, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Administrativa del mismo Consejo y ahora el Consejo Nacional Electoral, como corte electoral, son instituciones nuevas, que se sumaron a las centenariamente tradicionales de la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Adicionalmente se cambió el origen de la composición de esas corporaciones para introducir la participación de otras ramas del poder en la conformación de listas, ternas o simplemente en la elección de los magistrados que las integran.

A eso, que de suyo ya involucraba la politización de ese tema, se le adicionó la concesión de facultades electorales a las cortes, que acabaron por contaminarlas políticamente. Ahí, en ese origen y en esa composición, está la génesis de toda la problemática actual, pues si bien es cierto que se logró romper la condición de “club privado” a que había dado lugar la figura de la cooptación, también es cierto que por cuenta de la “democratización” de la elección de magistrados de altas cortes han llegado a esas posiciones personas sin ninguna tradición jurídica, con muy escaso conocimiento del asunto judicial y con intereses más cercanos a la politiquería que a la administración de justicia.

2. ¿Quién manda a quién?
En la teoría los poderes públicos actúan sobre la base de lo que en los sistemas anglosajones se llama “check and balance”, conforme al cual los altos poderes actúan en igualdad de condiciones y por tanto se controlan mutuamente, en un delicado equilibrio que garantiza el funcionamiento de la democracia. En Colombia a las altas cortes nadie las controla y, lo peor, ellas no tienen autocontrol. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se suponía que debería controlar disciplinariamente a los magistrados de las altas cortes, pero por cuenta de una sentencia de constitucionalidad, la Corte Constitucional le quitó esa facultad para pasársela a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que en la práctica significa dejar sin control disciplinario a esas cortes.

Como si fuera poco, y a pesar de que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior tiene la delicada misión de controlar disciplinariamente a todos los fiscales, jueces y magistrados de tribunales del país, el Gobierno anterior terminó entregándoles a los directorios políticos la conformación de esa institución como moneda de pago de su gobernabilidad en épocas de reelección. Fue por esa vía que a esa corporación llegaron Ovidio Claros, a pesar de sus líos judiciales por alimentos; Angelino Lizcano, a pesar de que nunca en su vida había administrado justicia; y otros tantos, cuyo único mérito era tener respaldo político en el Congreso.

Es conocida la anécdota del ex presidente Álvaro Uribe cuando preguntó que quién había nombrado a ese señor Claros en el Consejo Superior y se sorprendió cuando le respondieron que había él quien lo había postulado. Escándalos como el del carrusel de las pensiones en esa sala, o las tutelas que desde allí se fallaron para intentar parar la llamada ‘Yidispolítica’, aún hoy no tienen explicación, pero si han dado origen a un manifiesto pulso de poder con la Sala Administrativa del mismo tribunal, en tanto desde allí se ha intentado controlar los gastos de esa sala, que parecen exagerados para los resultados que presenta.

El problema es que la propia Sala Administrativa tiene rabo de paja, porque sus gastos no son menos grandes, ni sus resultados menos raquíticos. Igual sucede con las demás cortes, que, como el presidente del Consejo de Estado lo demostró en el trámite de la reforma a la justicia, no tiene más propuesta para solucionar los problemas de congestión y mora, que pedir siempre mas plata, pero sin explicar nunca cómo, cuándo y en qué se la gasta. Es evidente, sin embargo, la sobrepoblación de funcionarios en el Palacio de Justicia, que en muchos casos no tienen mas que hacer que firmar la nómina para justificar su presencia en medidas de descongestión financieramente discutibles y judicialmente inútiles.

3. El ejemplo moral
Las altas cortes todas a una, como en Fuenteovejuna, han quedado debiéndole al país, ejemplos de magistratura moral, que son más importantes que toda la jurisprudencia junta, que tampoco es mucha la que producen. Nunca como ahora, las cortes han estado inmersas en escándalos y en actividades más propias de concejos municipales de pueblos apartados que de las más altas corporaciones de justicia de la República. La Corte Suprema de Justicia paralizó el nombramiento del Fiscal General de la Nación durante más de 16 meses, por la única razón de que sus magistrados estaban divididos dentro de la corporación por puros asuntos electorales, pues en tal ocasión llevaban mas de un año “agarrados” por la elección de Luis Gabriel Miranda Buelvas, candidato que era vetado por las salas Penal y Civil de esa corporación. Tampoco puede olvidarse que fue en esa misma época cuando no pudieron elegir presidente de la Corte Suprema y tuvo que presidirla el magistrado Jaime Arrubla por orden alfabético. El tema lo solucionaron nombrando al magistrado Pedro Munar para que ejerciera la Presidencia justamente en la vacancia judicial.

El Consejo de Estado tampoco ha dado mejor ejemplo, pues hasta hace no muy poco, tenía vacantes que duraban más de un año para ser cubiertas y fue ahí donde más de cien votaciones para elegir a un magistrado hicieron carrera. Es paradigmático de esa situación el caso de la consejera Myriam Guerrero, que duraron 15 meses para elegirla y no duró sino 18 en el cargo, porque debió salir por edad de retiro forzoso, en medio de un escándalo, pues no dudó, al igual que el consejero Jaime Moreno, en promover una tutela contra sus propios compañeros de corporación, alegando que tenían derecho a cumplir el período de ocho años independientemente de su avanzada edad. Los escándalos de la Sala Disciplinaria y Administrativa del Consejo Superior son diarios, aunque ahora más mediáticos por cuenta del estilo que pretende imprimirle Néstor Raúl Correa, un magistrado recién llegado cuya única vinculación con la Rama Judicial había sido una magistratura auxiliar, que debió abandonar por cuenta del escándalo del proceso 8.000. Algo habrá que hacer pero las cortes deberían enterarse que su alta función, más que legalidad, necesita legitimidad, y esta no se logra sino con el buen ejemplo.

4. Un tema para la reforma a la Justicia

Así como todo empezó con el “revolcón” del ex presidente César Gaviria a la administración de justicia, hoy es necesario darle un “revolcón” radical a las altas cortes. El proyecto de reforma a la justicia del Gobierno Nacional debe adelantarse y llevarse a buen puerto con la participación de las altas cortes, pero sin que sea necesaria la concertación con las mismas, pues si esa es la aspiración jamás va a obtenerse con éxito. Todos los temas antes referidos merecen una urgente revisión, pues gran parte de la congestión judicial que padece el país proviene de la confusión que sobre muchos temas jurídicos generan las propias cortes, que trasladan a las decisiones judiciales sus contradicciones burocráticas, o sus peleas personales, definiendo tesis meramente coyunturales y por tanto inaceptables como jurisprudencia seria y decantada.

Por ejemplo, la elección de la Fiscal General ha generado tres procesos penales contra los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y un par de actuaciones administrativas contra esa elección por cuenta de que la Corte modificó el reglamento con un quórum te precario para elegirla con una votación menor que la mayor que había obtenido Margarita Cabello Blanco, en oportunidades anteriores. Al gobierno es al que le corresponde ponerle coto a esa clase de comportamiento mediante la definición de procedimientos y métodos, que les permitan a las cortes autodepurarse de la politización en la que se encuentran a causa, entre otras razones, de las múltiples facultades electorales que tienen en la actualidad. Es urgente para la seguridad jurídica del país dedicar las altas cortes exclusivamente a la función de administrar justicia. No más.