2 de diciembre de 2021
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Corrupción desangra de nuevo las finanzas de Bogotá

30 de enero de 2012
30 de enero de 2012

Un informe de auditoría conocido por Elespectador.com da cuenta de las falencias en contratación por parte de la Secretaría de Educación. Según la Contraloría, “no contienen todos los soportes de las actuaciones de gestión contractual, como informes del contratista e interventor y demás; gran parte son fotocopias y existen algunos documentos sin firmas”.

Con relación al manejo de archivos, se estableció que “las carpetas de los contratos auditados no presentan lista de chequeo que aseguren un orden, una correcta foliación e identificación de documentos que integran cada contrato, por lo que no reposan todos los documentos que sustentan las ejecuciones, dificultando establecer cuál es el estado real de cada uno de los contratos, la documentación no es acorde con la cronología del desarrollo del contrato y no existe organización de acuerdo a las temáticas tratadas”.

De acuerdo al ente de control, los contratos que presentan irregularidades son: 196 de 2003 y 225 del contrato 022 de 2003. “Esta irregular forma de llevar los archivos dificulta y obstaculiza la labor de control fiscal”.

La auditoría se realizó a cuatro proyectos constructivos de infraestructura escolar. En la evaluación de los contratos de obra seleccionados por el equipo auditor se determinó que se sigue presentando el incumplimiento normativo por parte de la Secretaría de Educación en lo relacionado con la obligatoriedad de disponer de la correspondiente licencia de construcción previo al inicio de la ejecución contractual como es el caso del Colegio Distrital Nicolás Buenaventura (Chorrillos- Las Mercedes), cuya obra se inicia y se suspende el mismo día por no contar con este requisito previo.

“Se estableció que en la mayoría de los proyectos auditados los diseños se presentaron incompletos al momento de iniciar las obras, fueron terminados durante la ejecución del contrato de obra como por ejemplo el Colegio Distrital Nicolás Buenaventura de Suba y/o surgieron nuevos diseños en el mismo periodo. Se presentan casos tan graves como el del Colegio Simón Bolívar Sede B- Matilde Anaray, proyecto que fue modificado en su totalidad, pasando de ser un reforzamiento estructural a una construcción nueva, con una consecuente modificación en el objeto contractual. Otro ejemplo de esta irregularidad es el Colegio Fanny Mickey – Villa de Diamante, en el que la entrega de diseños incompletos y deficientes se hizo evidente cuando se comprobó el cambio total de diseño de cimentación y la falta de diseño de las obras de mitigación del riesgo del fenómeno de remoción en masa que ocasionaron aumentos considerables en las cantidades de obra del proyecto y posterior reclamación del contratista”, dice el informe.

De acuerdo a la Contraloría, la Secretaría de Educación está poniendo en funcionamiento colegios sin debida prestación de servicios públicos y sin haber terminado adecuadamente las instalaciones, como es el caso del colegio Simón Bolívar Sede B, que actualmente funciona con provisional de energía eléctrica.

“Se observó que la falta de planeación de la entidad que pone en funcionamiento una instalación educativa sin garantizar la prestación de los servicios públicos, como el acueducto y energía eléctrica, pone en peligro la salud de los estudiantes y desmejora en gran medida la calidad del servicio ofrecido. La Secretaría de Educación contrató y efectuó el correspondiente seguimiento a la obras de reforzamiento, mejoramiento y/o restitución de las plantas físicas de los establecimientos educativos, sin tener en cuenta el carácter obligatorio de integralidad de los proyectos, que en su gran mayoría, se dieron al servicio sin que la planta física fuera entregada en su totalidad y sin la prestación adecuada de los servicios públicos”.

En la evaluación de la ejecución contractual se encontró que en ninguno de los casos el presupuesto establecido alcanzó para dar cumplimiento a las metas físicas originales, esto debido en gran medida a que los diseños mencionados o no cumplían con los estándares o no fueron utilizados por la Secretaría de Educación.
Se generan entonces, una serie de situaciones tales como adiciones en valor para tratar de terminar las obras, reclamaciones de los contratistas por mayor permanencia en obra, actualizaciones de precios, que en algunos casos son exclusivamente responsabilidad de la entidad, por falta de planeación y control dentro del proceso contractual, como es el caso del Colegio Villas del Diamante.
“La entidad no tuvo la planeación y control suficiente para solucionar a tiempo estas irregularidades, no hubo un control suficiente, ni se exigió el cumplimiento de las funciones a las interventorías contratadas”.

La Contraloría de Bogotá estableció 52 hallazgos administrativos, de los cuales, cuatro de ellos corresponden a un detrimento patrimonial de$2.069.932.444,14 que se trasladarán a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, 46 tienen alcance disciplinario, los cuales se trasladarán a la Personería Distrital y dos tienen alcance penal que se trasladarán a la Fiscalía General de la Nación.