27 de noviembre de 2021
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Contraloría abre proceso fiscal por falsas desmovilizaciones

26 de enero de 2012
26 de enero de 2012
Un informe de auditoría encontró que en esa desmovilización en 2006 el Estado destinó recursos para el sostenimiento de 33 supuestos guerrilleros que en su momento fueron presentados como desmovilizados.

La auditoría que concluyó en diciembre pasado arroja que fallaron los filtros del Ejército y del Gobierno, establecidos para verificar requisitos y cobijar con beneficios económicos a los desmovilizados.
La investigación preliminar condujo a la Contraloría a establecer que a los colados se les pagaban entre 500 mil y 600 mil pesos mensuales en total, en periodos de entre tres a 4 meses mientras se tramitaba y definía su situación judicial.

De ese monto, en gastos de transporte cada desmovilizado en promedio recibe 68 mil pesos. Otros 150 mil pesos mensuales recibían por gastos de manutención.

El proceso fiscal apunta a establecer si los presuntos implicados, en las falsas desmovilizaciones, deberán o no responder con su patrimonio personal por los gastos en los que incurrió el Estado, para el sostenimiento de las personas que se colaron en el proceso.

En desarrollo de este proceso, un numero aun indeterminado de altos mandos militares y ex funcionarios de la presidencia serán llamados inicialmente a rendir versión libre para presentar sus descargos y posteriormente vendrá la etapa de presentación de pruebas.

La investigación no menciona la situación particular del ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, ni del ex ministro del Interior Sasbas Pretelt de la Vega, quienes lideraron dicha desmovilización, pero una alta fuente de la Contraloría explicó que esos casos se revisarán y determinarán dentro del proceso de responsabilidad fiscal.