2 de diciembre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

A la cárcel fue enviado presunto asesino de bebé en Fusagasugá

13 de enero de 2012
13 de enero de 2012

En la tarde de este viernes, un Fiscal de la Unidad de Vida le imputó el delito de homicidio agravado y pidió medida de aseguramiento al considerar que el hombre representa un serio peligro para la sociedad y debido a la gravedad del hecho debe permanecer recluido.

El hombre habría atacado al menor en la vía pública hasta dejarlo inconsciente. Acto seguido el bebé murió en un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Durante la audiencia pública el fiscal del caso pidió condenar a Correa Urrego a la máxima condena, que de acuerdo con la gravedad del delito, sería de 60 años de prisión, sin rebaja de pena
El abogado del acusado solicitó que su cliente fuera trasladado a un centro psicológico puesto que padece de trastornos, hecho por el cual presentó apelación ante la decisión del juez.

El crimen

Dicen que al medio día del jueves, Gelbert Correa agarró un palo de escoba y gritando que “estaba viendo al demonio” se fue encima del pequeño Jean Pierre Garzón, de un año y medio, y lo hirió de muerte. La policía lo detuvo en plena golpiza. Los vecinos del barrio Villa Armerita, en Fusagasugá (Cundinamarca), dicen que el hombre de 40 años estaba drogado.

Antes de morir en la Fundación Cardio Infantil, en Bogotá, como consecuencia del trauma cráneo encefálico provocado por las brutales agresiones, Jean Pierre fue llevado por su familia y un policía a la sala de urgencias del Hospital San Rafael, de Fusagasugá, donde los equipos para atenderlo estaban dañados, por lo que tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta la capital, donde murió el mismo día a las siete de la noche.

La población de Villa Armerita, indignada tras conocer la muerte del menor, responsabilizó no al agresor, sino a un expendio de drogas de haber ocasionado el asesinato. Se reunieron frente a la supuesta plaza de vicio y protestaron arrojando piedras y palos.

Hace un año Fusagasugá vivió el caso de Karen Tatiana Rojas, de 11 años, quien fue violada y torturada hasta la muerte por el obrero John Fernando Amaya, ‘El Enchapador’, quien recibió 100.000 pesos de Javier Baquero, novio de la hermana de la víctima, para cometer el crimen.

A la muerte de Jean Pierre Garzón también se suma la historia de una mujer que, desde hace 12 días, mantiene amarrada a un palo a su hijastra de nueve años en Mocoa (Putumayo). Ante las cámaras de televisión la mujer justificó tranquilamente el maltrato: “si la suelto ella se va…. dicen que la han visto fumando cigarrillo y marihuana, por eso toca amarrarla”. Ya el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) se había encargado del cuidado de la menor, quien fue abandonada por su madre natural, pero al encontrar a su padre decidió regresársela. Tras conocer que la menor se encuentra atada a un palo, el ICBF anunció que revisará el caso.

Para diciembre de 2011, el ICBF estimó que en promedio recibe diariamente 343 denuncias por maltrato infantil, pero los expertos indican que éstas corresponderían solo al 20 por ciento de los casos que realmente ocurren, debido a que Colombia padece también un problema de subregistro por causas que van desde la desconfianza en las autoridades judiciales, hasta temor a represalias por parte de los agresores.

Para el mismo mes, el Instituto reportó 105.471 casos por diferentes tipos de abusos contra menores de edad, 22.457 más que el mismo periodo en el 2010. Las preocupantes cifras reseñan historias de víctimas de maltrato sicológico, sexual, explotación laboral y abandono, entre otros.

La conclusión del informe Forensis 2010, presentado por el Instituto de Medicina Legal a mediados del año pasado reveló que diariamente tres niños, niñas y adolescentes son asesinados, 38 son víctimas de maltrato físico en el seno familiar, 65 son heridos en las calles y 47 sufren violencia sexual. Llevando las estadísticas a los datos concretos los estimados son desalentadores: en 2010 Medicina Legal registró 1.248 casos de homicidio de niños, 23.587 de violencia interpersonal, 13.731 de violencia intrafamiliar y 17.318 de violencia sexual, siendo los familiares los principales agresores.

Aunque con cada caso de maltrato infantil que se conoce en el país el Gobierno ha prometido que promoverá una ley que endurezca las penas para estos casos, el referendo para avalar la pena de muerte a violadores promovida por la senadora Gilma Jiménez – una de las más recientes- , no fue bien recibido por la Fiscalía General quien consideró necesaria la realización de un análisis médico para determinar si los violadores son criminales o personas enfermas que deben ser recluidas en hospitales psiquiátricos. El proyecto terminó hundido en septiembre pasado en el Congreso. Jiménez insistirá en la materia.

El problema es que la historia demuestra que las conductas delictivas no necesariamente se acaban incrementando penas. Además, situaciones como la misma apatía ciudadana ante el funcionamiento de la justicia tampoco garantizan el éxito de la medida, en caso de que llegase a ser implantada. Por otro lado, más que elevar el castigo, de lo que se trata es de atrapar a los agresores. En cuarto lugar está la tesis de que la prisión perpetua no ayuda a cumplir con el objetivo de resocialización de los delincuentes. Y en quinto lugar, otros opositores a la medida recuerdan que sería más conveniente enfilar los esfuerzos estatales hacia estrategias de educación, prevención del delito, fortalecimiento de principios y valores como el respeto a la vida.

Mientras el debate sobre el tema se prolonga, el flagelo continúa haciendo de la suyas en un país en el parece que es más peligroso ser niño que delincuente.