Procuraduría logró desembargo de 10 mil 500 millones de pesos
Los embargos corresponden a decisiones judiciales que hacen caso omiso a la normatividad existente en materia de inembargabilidad de recursos públicos, con lo cual se pone en riesgo la materialización de derechos fundamentales.
El procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Roberto Augusto Serrato Valdés, explicó que la Entidad ha designado agentes del Ministerio Público para intervenir, a nivel nacional, en procesos ejecutivos, ejecutivos laborales, contractuales y de jurisdicción coactiva, con miras a proteger las rentas de la nación.
La intervención del Ministerio Público se originó a partir de la información allegada, a la Procuraduría por la Dirección de Defensa Jurídica del Estado, que refirió el incremento de medidas de embargos a recursos públicos decretadas por algunos jueces de la República.
Estas medidas judiciales, en muchos casos desconocen la ley y la jurisprudencia de las Altas Cortes sobre la inembargabilidad de recursos públicos, específicamente los que provienen del Sistema General de Participaciones, Regalías, Sistema General de Salud y Sistema General de Pensiones.
Para hacer frente a la situación, las procuradurías delegadas para la Conciliación Administrativa, Preventiva para la Función Pública y para la Descentralización y las Entidades Territoriales, emitieron el pasado mes de julio el Memorando 001 de 2011, con el fin de impartir directrices a las procuradores judiciales administrativos I y II y personeros municipales, sobre la intervención en los procesos de jurisdicción coactiva, ejecutivos, ejecutivos laborales y ejecutivos contractuales, con el propósito de hacer defensa del interés público y de las rentas inembargables de la Nación.
A la fecha, la Procuraduría General de la Nación interviene en 1967 procesos y ha proyectado 103 agencias especiales.
