Procuraduría constató que campesinos de Las Pavas no eran desplazados por la violencia

Un oficio del ministerio público remitido por la procuraduría provincial del Banco, Magdalena, a la delegada de derechos humanos del ministerio público revela detalles, hasta ahora desconocidos, sobre las circunstancias en que se efectuó en su momento el polémico desalojo en el corregimiento de Buenos Aires, del municipio el Peñón en Bolívar.

“Manifiesta su requerimiento que la denuncia se presentó por 123 familias que estaban a punto de ser desalojadas de la vereda Las Pavas en el municipio de El Peñón. Al respecto hay que hacer una aclaración que se trata de 113 familias, que habitan y tienen sus hogares de residencia permanentes en el corregimiento de Buenos Aires, que si pertenece al municipio del Peñon”, dice el documento.

Ese despacho efectuó una inspección al lugar, en noviembre del año pasado, y pone en evidencia que en la diligencia participaron la Defensoría del Pueblo, el personero municipal, un comisario de familia y un representante del programa de Derechos Humanos de la Presidencia.

El documento conocido en su integridad deja constancia que la finca Las Pavas pertenece desde el año 2007 a una empresa que se dedica al cultivo de palma de aceite, el cual se desarrolla en esa región.

Así mismo, señala el documento, que es necesario que el INCODER, el Ministerio de Agricultura y la Agencia presidencial para la Acción Social revisen la situación de los campesinos del municipio del Peñón, para que sean incluidos como beneficiarios dentro de los procesos, ayudas y proyectos productivos que coordinan y dirigen dichas entidades para que permitan solucionar la situación de los habitantes del corregimiento.