Gobierno reglamentó las medidas de asistencia y reparación a las víctimas
“En la elaboración de este decreto hicimos todo lo posible para garantizar otro de los propósitos que inspiran la Ley, como es la participación de las víctimas”, afirmó Santos en el acto público de firma de los decretos realizado en la Casa de Nariño.
Para garantizar esa participación, el Mandatario resaltó que además de habilitar una página web para recibir observaciones y sugerencias, el Gobierno sostuvo diálogos con cerca de 600 representantes de las víctimas a través de talleres regionales. También hubo consultas con los 32 gobernadores y los 32 alcaldes de las ciudades capitales.
“Fueron casi 8 mil aportes que analizamos y que nos permitieron ajustar esta normatividad a las necesidades de las víctimas”, agregó el Jefe de Estado.
El decreto contempla la indemnización administrativa a las víctimas, detallando los montos, los destinatarios y los mecanismos de entrega de las indemnizaciones, que quedaron en un rango de entre 17 y 40 salarios mínimos, es decir, entre 9 y 21 millones de pesos.
“Estos montos se entregarán preferentemente a quienes inviertan en vivienda, educación, tierras o en un proyecto productivo. Es decir, vamos a incentivar a quienes decidan invertir en su futuro”, destacó el Presidente.
Agregó que si bien la indemnización es un esfuerzo enorme, no es suficiente y no recompensa el drama de un desplazamiento, de una discapacidad o el asesinato de un ser querido.
“Quisiéramos –de verdad quisiéramos– darles más, ¡muchísimo más!, pero no es posible. Sería irresponsable ofrecer más, porque al final no habría con qué cumplir y sería peor causar esa frustración a quienes esperan una reparación efectiva”, indicó, al tiempo que precisó que el país no podía darse el lujo de esperar más años para emprender el camino de reconciliación.
“Teníamos que empezar ya, ¡y eso estamos haciendo!, con mucha ambición, pero también con mucho realismo”, recalcó el Mandatario.
Recordó que para ese propósito hace 20 días el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), aprobó 6,1 billones de pesos, destinados a atención y reparación a víctimas, lo que asegura que en enero se inicie el proceso.
Salud y educación
El decreto reglamentario de reparación también asigna responsabilidades concretas a diferentes instituciones para proveer asistencia en salud y educación.
Se establecen los mecanismos de afiliación de las víctimas al Sistema de Salud y se le encarga al Ministerio del ramo la tarea de diseñar un protocolo de atención integral en salud.
Para desplazados se contempla la ayuda humanitaria que recibirán de manera inmediata por parte de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, cuyo decreto que reglamenta su funcionamiento también se expidió este martes.
“Quienes hayan sufrido atropellos distintos al desplazamiento serán atendidos por las entidades territoriales, recibiendo alimentos, elementos de aseo, servicios médicos y psicológicos, transporte de emergencia y alojamiento transitorio”, explicó Santos.
Finalmente pidió el compromiso de todos los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales que inician su periodo este 1° de enero, “porque las víctimas acuden a ellos para reclamar sus derechos y porque el poder regional es clave para hacer realidad este anhelo de reconciliación nacional”.
Los mandatarios regionales deben diseñar Planes Territoriales de Atención y Reparación, además de incorporarlos y financiarlos en sus planes de desarrollo, para garantizar la ejecución de los mismos.
