“En Redsalud se creó una estructura delictiva de cooperativas”: Fiscalía

La mencionada estructura delictiva presentada por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos fue el resultado de un análisis Line, adelantado por funcionarios de Cuerpo Técnico Investigativo, CTI. Cabe recordar que los vinculados son: Luis Fernando Fernández Molina, Norberto Angulo García, John Jairo Rincón Cardona, Robert Augusto Rodríguez y Dora Lucía Ramos Múnera todos estos concejales en el periodo 2004-2007, así como a la exgerente de Redsalud, Gloria Inés Hoyos Restrepo y el exasesor jurídico de la entidad Alexánder Ramírez Ospina y a los particulares Luz Patricia Abonce Trejos, Óscar Triviño y Juan Carlos Márquez.

El ente acusador señaló que Redsalud fue gerenciada por Gloria Inés Hoyos Restrepo y por Beatriz Elena Zapata Valencia en el periodo de los hechos, además resaltó que como asesora jurídica estuvo Hoyos Restrepo y Alexánder Ramírez.
Adicionalmente precisó que el periodo de 2005 y 2007 fueron contratistas de Redsalud la Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor, FAM; Asociación para el Desarrollo Económico del Quindío, Unse; Fundación Amigos 2000, Funam 2000; Cooperativa de Desarrollo Social, Coodeso; y la Asociación de Desempleados del Quindío, Adequín.

Con la lectura de los 92 contratos introducidos dentro de la imputación de cargos la Fiscalía dejó entrever que quienes contrataron con las exgerentes de Redsalud Hoyos Restrepo y Zapata Valencia fueron los ciudadanos Augusto Valencia Orrego, como representante legal de Unse, John Piter Hincapié Zuleta de Funam —quien se supo está en Ecuador y se solicitará captura—, Carlos Márquez García de Coodeso, Óscar Triviño Gutiérrez de Coodeso, Luz Patricia Abonce Trejos de FAM, y Alberto Gómez Walteros de Asdequín.

Asimismo, se pudo apreciar que en 92 procesos contractuales entre 2005 y 2007 siempre se presentaron: Asociación Comunitaria Antonio Nariño representada por Alexánder Samacá Macías y la Fundación para un Mejor Vivir del Adulto Mayor a cargo de Álvaro Higuera Carvajal, estos resultando 92 veces perdedores.

Las personas jurídicas antes descritas, según lo expuesto por el ente acusador, siempre fueron beneficiarias de la contratación de personal por parte de Redsalud. Es así como estableció que las empresas estaban integradas en sus órganos directivos y de representación conforme con los registros de la Cámara de Comercio por ciudadanos con estrecha cercanía con los exconcejales Dora Lucía Ramos Múnera, John Jairo Rincón Cardona, Robert Augusto Rodríguez Morales, Luis Fernando Morales Molina y Norberto Angulo García.

Los excorporados hicieron parte de la llamada coalición de gobierno, y que quienes conforme a la información obtenida “recibieron del exalcalde de Armenia, David Barros Vélez, toda la contratación de personal para laboral con Redsalud”.
En este sentido, la Fiscalía afirmó que los elementos con vocación probatoria recolectados enseñan que al parecer aproximadamente para los primeros meses de 2005 se reunieron en las instalaciones del concejo los excorporados para concretar el manejo y dirección de la asociación, fundación y cooperativa que han contratado con Redsalud.

Es así como se expuso que para el funcionamiento de “dicha estructura criminal contrataron a Tomás José Londoño Peláez y a Luz Patricia Abonce. El primero entró a participar por invitación de Dora Lucía Ramos, porque el señor Tomás participó junto con su esposa de la campaña política de Ramos al concejo. Mientras que la segunda siempre ha tenido una estrecha cercanía con Robert Augusto Rodríguez, hasta el punto que ha accedido a cargos burocráticos en Armenia a través del citado”.

El señor Londoño Peláez, por manejar la empresa de varias asociaciones y fundaciones recibió una contraprestación de $1 millón mensual, este debía manejar los entes de propiedad a no más poder de la prueba documental de los concejales.
Para el efecto se le indicó, al igual que a Abonce Trejos que con “los funcionarios de Redsalud ya todo se encontraba acordado para que les prestará la colaboración necesaria, a efectos de realizar por medio de estas personas jurídicas —Codeso, FAM, Funam, Unse y Asdequin— la vinculación del personal contratista de Redsalud, que antes se encontraba adscrito a Servintegral”.

En consecuencia, el ente acusador indicó que en el desarrollo del proceso explicará el cómo fue que se montó una empresa criminal desde la alcaldía de Armenia, “liderada por Gloría Inés Hoyos Restrepo, quien al principio fungió como asesora jurídica y luego como gerente. Posteriormente fue la asesora de Beatriz Elena Zapata Valencia, allí facilitó todos los procesos de contratación con Codeso, FAM, Funam, Unse y Asdequin, tarea en la que posteriormente también intervino Alexánder Ramírez Ospina, entre otros funcionarios que serán llevados a estrado en una segunda etapa del proceso, pues son 20 personas más las que hay para vincular.

Desde el primer contrato en marzo de 2005, hasta el último en 2007 siempre fueron elegidos la Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor, FAM; Asociación para el Desarrollo Económico del Quindío, Unse; Fundación Amigos 2000, Funam 2000, Cooperativa de Desarrollo Social, Coodeso; y la Asociación de Desempleados del Quindío, Asdequin. Las anteriores siempre ofertaron por un valor inferior a las que siempre presentaban las propuestas para perder, que eran la Asociación Comunitaria Antonio Nariño, representada por Alexánder Samacá; y la Fundación un Mejor Vivir del Adulto Mayor, representada por Álvaro Higuera.

Es de resaltar que los contratos adelantados sumaron $8.299.856.000. Los elementos con vocación probatoria informaron que tanto las propuestas perdedoras como las ganadoras eran diseñadas y presentadas por Luz Patricia Abonce Trejos y José Tomás Londoño Peláez, quienes eran “los segundones de los exconcejales para operar las personas jurídicas en mención”.