Aceptó cargos una de las representantes de las cooperativas en el caso Redsalud
Es de resaltar que Luz Patricia Abonce Trejos de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, era pieza importante de la estructura delictiva de cooperativas en Redsalud. Conforme con los elementos con vocación probatoria obtenidos por la fiscalía en la etapa de indagación y a la estructura delictiva de cooperativas enseñada en audiencia, Abonce era la representante legal de FAM y una de las dos personas que tenía vínculo directo entre los concejales y las cooperativas.
Solicitud de medida de aseguramiento
La Fiscalía solo adelantó la solicitud de la medida de aseguramiento contra la exgerente de Redsalud, Gloria Inés Hoyos Restrepo y los exconcejales Luis Fernando Fernández Molina, Norberto Angulo García, John Jairo Rincón Cardona, Robert Augusto Rodríguez y Dora Lucía Ramos Múnera.
Es así que el ente de control explicó que no pidió la medida de aseguramiento contra Luz Patricia Abonce Trejos, porque al haber aceptado los cargos se logró justicia, y que en esas condiciones no representa un peligro para la seguridad toda vez que con su confesión ya está asegurada al menos una sentencia condenatoria, restaría establecer la pena.
Respecto a Óscar Triviño y Juan Carlos Márquez García, la Fiscalía precisó que si bien jugaron un papel decidido en las conductas imputadas firmando como representantes legales de Coodeso, tampoco es menos cierto de otro lado que “actuaron a instancias de los exconcejales, quienes prácticamente los utilizaban, sin embargo no participaron en todo el esquema delictivo, y estos estuvieron en un segmento que se refiere a los contratos de Coodesso”.
Añadió que solicitó medida contra el exasesor jurídico de Redsalud, Alexánder Ramírez Ospina, porque está colaborando con la justicia y no solo en este caso de contratación, sino también en otros que hay de Redsalud.
Además se arguyó que a Ramírez Ospina se le deben prestar garantías para que pueda seguir colaborando con la justicia, “y una de esas garantías es que pueda seguir disfrutando de su libertad en el sentido de que esta persona se vería en alto riesgo, dadas las confesiones que ha hecho en otro escenario. Y en el particular, la Fiscalía tiene asegurado su interrogatorio donde cuenta todo lo que ha sucedido”.
La solicitud de los exconcejales
En la solicitud de la medida de aseguramiento para los exconcejales, la Fiscalía argumentó que su solicitud busca garantizar la protección de la comunidad y del proceso mismo, por lo que estiman que la libertad de Norberto Angulo, John Jairo Rincón Cardona, Robert Augusto Rodríguez Morales, Dora Lucía Ramos Múnera, Luis Fernando Fernández Molina y Gloria Inés Hoyos Restrepo resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad por el número, gravedad y naturaleza de los delitos imputados.
En este sentido, la petición del ente acusador estuvo ajustada a los cometidos constitucionales y legales. Lo peticionado según el representante del ministerio público fue ajustado, proporcional y necesario para darle a la sociedad un aliciente de que en el Estado de derecho existe un mínimo de justicia.
Agregó que con este caso se hizo un ultraje a la sociedad por parte de los servidores públicos a quienes la misma le depositó democráticamente su confianza para que los representara y los coadministrara.
Dentro de la clase política se maneja mucha interferencia, y muestra de eso es el como se filtra la información, situación que rodeó a Alberto Gómez Walteros, que acabando de acudir a los estrados de la Fiscalía, minutos después recibió una llamada de amenaza por parte de uno los implicados.
Es así como se conoció que algunos de los exconcejales hablaron con los testigos advirtiendo defensas extrajudiciales y extraprocesales apoyados en ser amigos de sicarios, situación que se aseguró en las entrevistas divulgadas por la Fiscalía.
De igual modo, el procurador judicial resaltó que la información socializada por la Fiscalía permite inferir sin ninguna duda “la plena autoría y participación en este mar de delitos, que suman 277 conductas delictivas por cada uno de los imputados”.
Para apoyar la tesis, la Fiscalía mostró la entrevista a Augusto Valencia Orrego, representante de Unse, y el interrogatorio de Tomás José Londoño, vínculo de las cooperativas con los exconcejales y encargado de llevar la plata a los mismos.
De igual modo, se exhibieron las entrevistas de José Antonio Ramírez Díaz y Adriana Patricia Ortiz. Con estas el ente acusador reafirmó que existía una organización criminal para acceder a la contratación pública, de una entidad que como Redsalud presta servicios a la población más pobre y vulnerable de la ciudad.
Además precisó que dicha organización servía a los intereses de los exconcejales para manejar su participación burocrática en el ente oficial en mención. Acorde con lo imputado por el ente de acusador, fueron intervinientes en el delito del interés ilícito, así como en la falsedad ideológica en documento público y en la falsedad ideológica en documento privados, y autores en el grado de coautoría en el presunto punible del concierto para delinquir.
Ante lo anterior, el representante de la sociedad afirmó que no existía duda de la posible participación de los imputados. Se dijo por parte del ente acusador que la medida de aseguramiento se muestra necesaria para evitar una obstrucción al debido ejercicio de la justicia, conforme a la normatividad.
El procurador judicial señaló que en el discurso del fiscal se vio que las víctimas fueron objeto y sujeto de amenazas por parte de los excorporados, unos vedadamente y otros mandaron a sus familiares.
En las entrevistas presentadas por el ente acusador se mostró el modus operandi de esta estructura delictiva de cooperativas en Redsalud. De allí que el procurador judicial argumentara que el peligro a la seguridad no se torna solamente a vida, sino también en la democracia y a los derechos laborales.
“No se puede olvidar que Luis Fernando Fernández Molina, Norberto Angulo García, John Jairo Rincón Cardona, Robert Augusto Rodríguez y Dora Lucía Ramos Múnera ostentan un gran margen de participación política y de influencia al punto tal que tenían la virtud de obtener vinculaciones y desvinculaciones de personal de Redsalud. Estos además tenían como disponer de un presupuesto destinado a la salud para afectar unos derechos laborales de aquellos profesionales y demás trabajadores necesitados, que debían que aceptar unas sórdidas condiciones”.
La gravedad del peligro que los exconcejales presentan para la sociedad “no es solo para el momento de los hechos, sino que repercuten en el presente porque estos aun conservan la vocación de servidores públicos, no se puede echar por la borda pronunciamientos claros como los de la Corte Suprema de Justicia que hablan del peligro para la comunidad con este tipo de funcionarios”, aseveró la exposición de la fiscalía.
