30 de julio de 2021
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Se aplicará silla vacía a cualquier condena contra un congresista

9 de noviembre de 2011
9 de noviembre de 2011

El proyecto que está pendiente de su primer debate tuvo ponencia positiva de los congresistas Juan Carlos Vélez del partido de La U y Jesús Ignacio García del Partido Liberal, así mismo entra a implementar el sistema penal acusatorio en la jurisdicción penal militar.

La iniciativa presentada el 23 de agosto de 2011 por el ex ministro de la defensa, Rodrigo Rivera Salazar, aborda con especial atención el desarrollo de las labores de investigación, dentro del ejercicio de la función pública jurisdiccional para los asuntos penales, que involucran al personal de las Fuerzas Militares, ya que existe incertidumbre en el caso de las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea.

Actualmente, sólo están habilitados para ejecutar acciones de policía judicial los integrantes de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.

Se busca atender las críticas del personal uniformado por la aparente, poca asistencia del Gobierno Nacional, en la defensa de los procesos que se les adelantan en la justicia ordinaria.
Aunque el presidente Álvaro Uribe Vélez había pedido a La U no apoyar el proyecto de reforma a la justicia, esa idea no tuvo acogida.

La plenaria del Senado en segundo debate aprobó el proyecto y dejó en manos de la Cámara que no se hunda en los dos debates restantes que debe ser aprobado antes de cerrarse este periodo legislativo el 16 de diciembre.

De la reforma a la justicia se destaca un nuevo artículo que contempla la aplicación de la ‘silla vacía’ para cualquier condena contra un congresista.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que se hizo extensivo para que la ‘silla vacía’ rija para todos los delitos de carácter penal.

“Cuando un parlamentario sea condenado por cualquier delito se producirá el fenómeno de la silla vacía”, explicó. Actualmente, esa figura sólo aplica cuando los congresistas tengan nexos con grupos armados ilegales y narcotraficantes, según se aprobó en la reforma política de 2009.

De otro lado, se mantuvo el artículo que establece el fuero militar para los uniformados del país. Esa iniciativa, del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aunque tuvo el respaldo de la mesa de unidad nacional, la principal defensa estuvo por cuenta de los partidos La U y Conservador.

Aunque se pretendió regular el tema, el Partido Liberal retiró su proposición y permitió que sea discutido el tema más adelante.
De otro lado, se estableció que los magistrados quedarán inhabilitados por un año para hacer política o para ejercer la profesión al terminar su periodo en la magistratura.

Aunque el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, buscaba la inhabilidad de 5 años, tan sólo logró que se fijara por un año.

“Nada más lamentable que los espectáculos que hemos visto de magistrados que terminando su magistratura o renunciando a ella salen a la actividad política o al ejercicio profesional”, señaló.
Además, se concretó que la edad mínima para ejercer como magistrado debe ser de 45 años, con 20 años de experiencia y por periodos de 12 años. Además la edad de jubilación será a los 70 años.