27 de octubre de 2021
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Proceso de Justicia y Paz está construyendo un país distinto: Fiscal General

17 de noviembre de 2011
17 de noviembre de 2011

Tal aseveración la hizo la alta funcionaria en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que este miércoles aprobó por unanimidad, en primer debate, el proyecto de ley que contempla mecanismos para dinamizar la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, a cuyo tenor hay 4.600 postulados que otrora integraron grupos armados al margen de la legalidad.

“Me duele cuando se caricaturiza el proceso de justicia y paz” porque “hemos avanzado en consecución de la verdad y en reconocimiento de las víctimas”, afirmó la Fiscal.

Morales Hoyos señaló a los representantes que desde la entrada en vigencia de esa normativa 55 mil víctimas han asistido a las audiencias de justicia y paz, y esas personas han formulado a los postulados 22.7000 preguntas; también esas diligencias han sido transmitidas en directo a 535 municipios, “este proceso está construyendo un país distinto”, agregó.

La Fiscal señaló que en este proceso1.006 postulados han pedido perdón a las víctimas, y que ahora a la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación hay que sumarle “el valor de la palabra perdón”.

Al referirse las propuestas que recoge el proyecto reformatorio de la Ley 975 presentado por la Fiscalía, informó que el mismo es el resultado de consultas a los fiscales que sirven en la Unidad Nacional de Justicia y Paz.

Afirmó que tal iniciativa propone reducir a dos audiencias, en lugar de las cuatro que se efectúan, una de imputación ante los magistrados de control de garantías y otra audiencia en la que se formulan cargos, se aceptan cargos, se legalizan cargos y se anuncia el sentido de la sentencia.

Al referirse al incidente de reparación explicó que se pretende dejar para después de la sentencia, tal y como se hace en la justicia ordinaria, y “ no es en detrimento de las víctimas”, porque cuando se conoce la sentencia pronto, la víctima sabe que ya existe una obligación para con ella.

Para sustentar la necesidad de ese cambio, dijo que actualmente hay 451 solicitudes de audiencia de imputación que no se han podido llevar a cabo, 195 audiencias para formular cargos, 100 audiencias en espera de control de legalización de cargos y hay 33 postulados a quienes se les realizó audiencia de imputación de cargos que ya tendrían sentencia si no existiera el artículo que consagra primero el incidente de reparación, “hoy no estaríamos hablando de cuatro sentencias sino de 37”, añadió la Fiscal.

CASOS COMPLEJOS

Con respecto a la complejidad de los casos que se están investigando, indicó que esos procesos requieren una metodología investigativa diferente a la de los procesos que tiene la justicia ordinaria, por ello se requiere “una mirada distinta” como la de las versiones colectivas y el impulso para efectuar imputaciones y formulaciones colectivas por delitos colectivos.

Ya con relación al criterio de priorización contemplado en el iniciativa de reforma, la Fiscal General explicó que esa priorización se basa en criterios internacionales y contempla aspectos subjetivos por razón de las víctimas o de los autores, y objetivos en razón de las conductas.

Subrayó que aquí “todas las conductas son graves, sin embargo, hay que priorizar algunas de mayor gravedad por razón de su significado histórico y por los patrones del delito cometido”.

,La Fiscal argumentó a los representantes que otro aspecto cobijado en el proyecto reformatorio es el atinente a la persecución y aseguramiento de los bienes destinados a las víctimas que no está regulado en la Ley 975.

También se refirió a la ausencia de criterios de exclusión de los postulados que tiene la Ley de Justicia y Paz y que busca corregir el proyecto de reforma. “Hemos recibido muchas quejas de casos de extorsiones y de chantajes que se están dando por desmovilizados, y que no hemos podido excluir del proceso” porque se requiere, según la consideración de la Corte, una sentencia.

“No podemos permitir que de paramilitares confesos pasen a ser extorsionistas”, por eso la iniciativa plantea criterios claros de exclusión, como el de no volver a incurrir en conductas delictivas, puntualizó la Fiscal General, quien resaltó los aportes enriquecedores hechos al proyecto de ley tanto por el Ejecutivo como por los ponentes.