1 de marzo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Fortalecer la administración de justicia para lograr una convivencia social

8 de noviembre de 2011
8 de noviembre de 2011

Manifestó  que es consciente  de la necesidad  de adelantar  la reforma a la justicia para ofrecer salidas  a los graves problemas que hoy la afectan  y que consecuencialmente impiden  dar una respuesta pronta y oportuna  a las reclamaciones  que sobre sus derechos  peticionan los ciudadanos.

Reiteró su oposición total a conceder funciones jurisdiccionales tanto a los particulares, como a las autoridades administrativas, empleados judiciales, notarios y centros de conciliación, pues estas tienen consecuencias funestas para el acceso a la justicia de quienes requieren que el Estado en forma pronta e imparcial, dirima sus conflictos o proteja sus derechos fundamentales.

Advirtió que autorizar que autoridades administrativas tengan la facultad de ordenar arrestos y registro de domicilios, violaría el principio garantista de nuestro ordenamiento superior, quien ha concedido esta facultad a los jueces, toda vez que estamos frente a la protección de  derechos fundamentales esenciales como la libertad y la intimidad.

Llamó la atención sobre propuestas que si bien pretenden   establecer nuevos mecanismos que garanticen la protección de los derechos fundamentales, son reiterativos con normas consagradas en la carta política y desarrolladas en forma integral por el legislador  y lo más preocupante que puedan conducir a desnaturalizar acciones de protección de éstos, como la acción de tutela, institución ésta que se ha convertido en el instrumento de mayor eficacia para defenderlos y protegerlos.

Finalmente  por propuesta del Senador Luis Carlos Avellaneda, se eliminó la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y en su lugar se creó una comisión especial de instrucción, integrada por diez profesionales del derecho, que deben contar con los mismos requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y serán elegidos por la Cámara de Representantes de listas provenientes de la Sala de Gobierno del Consejo Superior de  la Judicatura previo concurso público. Dicha Comisión estará conformada por dos salas, una se encargará de las investigaciones de carácter penal y la otra de los asuntos de carácter disciplinario.

La propuesta contó con el apoyo del Gobierno y las bancadas de los partidos políticos que tienen representación en el Senado de la República, por considerar que esta propuesta supera las deficiencias que se han presentado históricamente en las investigaciones adelantadas por la comisión de Acusaciones contra los funcionarios aforados.