28 de julio de 2021
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Denuncian presiones del Contralor de Bogotá a sus allegados

18 de noviembre de 2011
18 de noviembre de 2011

Las investigaciones tienen que ver con contratos de la malla vial, la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, la Secretaría de Salud del Distrito, y el carrusel de contratos.

En estos procesos aparecen los nombres de Samuel Moreno, el suspendido alcalde de Bogotá; los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, el abogado Álvaro Dávila Peña, el hoy secretario de Hacienda, Héctor Zambrano, y el director de la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, Iván Alberto Hernández, entre otros.

Una de las decisiones que habría molestado al Contralor de Bogotá, sería la que tomó el 24 de agosto la directora de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, Liliana Trujillo Uribe, quien en la investigación por el contrato de la malla vial adjudicado a los primos Nule, ordenó escuchar en versión libre al suspendido alcalde Samuel Moreno, a los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, al abogado Dávila, a los primos Nule y al ex secretario de Movilidad de Bogotá, Luis Bernardo Villegas.

La otra decisión estaría relacionada con la orden de la doctora Trujillo de embargar en 260 millones de pesos al hoy secretario de Hacienda, Héctor Zambrano, porque cuando se desempeñó como Secretario de Salud autorizó una capacitación para contratistas y funcionarios en provisionalidad y eso dice la Contraloría que por ley no se puede hacer.

La señora Trujillo fue declarada insubsistente junto con otro grupo de funcionarios entre quienes figura Liliana Ortiz, la delegada de la Contraloría en el proceso por el carrusel de contratos en Bogotá.

La salida de la señora Ortiz coincide con su decisión de solicitar que el contratista Julio Gómez sea llevado a la cárcel y no quede en libertad como fue planteado en el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía a cambio de ser testigo en la investigación.

Otra de las decisiones que habría despertado ampolla en la Contraloría fue la auditoría a la Unidad de Mantenimiento Vial. El documento denuncia 42 irregularidades administrativas, 9 de tipo fiscal, 29 disciplinarias y 4 penales.

El Contralor le hizo reparos al informe que no fueron compartidos por el delegado para el sector Movilidad, José Gabriel Gachancipá, quien dio traslado de sus hallazgos a la Fiscalía, la Personería y finalmente terminó renunciando.

El director de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Hernández, el 16 de septiembre le escribió al Contralor de Bogotá solicitando “su intervención como última instancia” y el 31 de octubre el doctor Mauricio Bogotá, la persona que reemplazó al señor Gachancipá, respondió que él no encontraba que en los contratos cuestionados hubiera habido daño patrimonial.

La auditoría a la Unidad de Rehabilitación de la Malla Vial entre otras cosas encontró que el número de contratistas triplica el de trabajadores oficiales. A contratistas se les permitió al otro día de recibir el 50% del anticipo trasladar esos dineros a cuentas personales y a un consorcio que mintió en las certificaciones que entregó le fue adjudicada una licitación por 3.500 millones pese a que las presuntas falsedades fueron denunciadas durante la audiencia de adjudicación.

Calificó de subjetivo el informe de la Contraloría, dijo que no sabían que los anticipos no se podían manejar en las cuentas particulares de los contratistas y que por un olvido no presentó a la Fiscalía la denuncia contra el Consorcio Intersuministros 2011. Reconoció que sólo lo hizo 97 días después obedeciendo un requerimiento de la Contraloría.