Condenas por blanqueo de $1.477 millones
En la investigación un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio estableció que tal suma de dinero fue retirada de esa oficina en julio de 1999, por 54 personas que cobraron un total de 109 cheques.
En las audiencias, el fiscal del caso demostró que los ahora condenados pusieron la oficina en la que trabajaban al servicio de una red ilegal dedicada al lavado de activos, y como miembros de esa organización delictiva colaboraron con el retiro fraccionado del dinero, modalidad conocida como pitufeo, pues no aplicaron los protocolos de seguridad establecidos para evitar el blanqueo de divisas.
Entre otras irregularidades, la Fiscalía descubrió: que algunos de los cheques tenían diferentes números de cédulas para un mismo beneficiario; la cédula que aparecía en el título valor correspondía a la de una persona fallecida, o los números del documento de identidad del beneficiario no habían sido asignados.
Por ese hecho, el Juez del caso condenó a Zoila Isolina Salazar Bermúdez, gerente en 1999 de la sucursal bancaria donde se realizó el millonario retiro; Delia Yaneth Maldonado Marín, asesora comercial para esa misma época, y Miller Díaz Sánchez, subgerente, al hallarlos responsables del delito de lavado de activos.
En la decisión, el juez también les impuso una multa de 3.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Con respecto a las 54 personas que se prestaron para retirar esa suma de dinero, todas fueron procesadas por la Fiscalía y condenadas en su momento por un juez especializado de la capital del Valle.
