3 de marzo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Adiciones, derogatorias y ajustes salariales aprobó la asamblea

11 de noviembre de 2011
11 de noviembre de 2011

“Dos de los proyectos que se aprobaron en las sesiones de esta semana fueron las que permitirán adiciones presupuestales al Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, Idtq; así como a la secretaría de Hacienda orientada a la cartera de Educación. La primera se enfoca en un súperavit que quedó de la vigencia pasada, el cual habría sido generado por la venta de servicios de tránsito y transporte. En este sentido hablamos de una cifra por valor de 31 millones 638 mil 840 pesos, que se destinarían para el pago de primas se servicios y servicios prestados por funcionarios de la entidad, y 55 millones de pesos más para pagar el pasivo pensional, sumando en total 86 millones 638 mil 840 pesos”.

Entre tanto, la adición que solicita la secretaría de Hacienda se dirige a la dotación de algunas escuelas, el arreglo de su infraestructura y la calidad del servicio. “Esta por su parte, alcanza una cifra de $143 millones 908 mil 859, provenientes de unos fondos especiales del departamento, que se adicionarían al presupuesto general por la ordenanza 052 para el Plan Operativo Anual de Inversiones de la secretaría de Educación”. Aclaró que este recurso entró al presupuesto del ente territorial por medio del Sistema General de Participaciones, SGP, lo que le otorga una destinación específica para temas de educación.

Asimismo se aprobó un incremento correspondiente con “el porcentaje de inflación del año inmediatamente anterior que certifique el Dane, en aras de conservar el poder adquisitivo, el valor real de los salarios y los postulados fijados por la honorable Corte Constitucional”, señala el proyecto presentado.

“Por otra parte se aprobaron los proyectos de ordenanza que buscaban derogar aquellas que permitían el uso de vigencias futuras excepcionales. Esto porque las entidades de control del Estado han emitido una circular en la que exigen a todas las entidades territoriales un control más estricto de este instrumento, dado que en ocasiones se les ha dado un manejo o una interpretación erradas a la norma”, indicó.

El ente central habría, añadió, aclarado que la ley que creó la herramienta sólo la destinó para el nivel nacional, por lo que se hace necesario derogar las ordenanzas que permitieron su uso, caso por ejemplo, de la estructura de financiación del Plan Departamental de Aguas, PDA.

“Una de las ordenanzas que se espera derogar establece como fuente de financiación a esta figura. Sin embargo parece que el PDA estaría financiado con recursos de empréstito y del nivel nacional, por lo que se esperaría que en sesión el gobierno departamental explique de dónde saldrán los recursos”, concluyó.