7 de marzo de 2021
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‘A dedo’ otorgado más del 90% de las contrataciones

18 de noviembre de 2011
18 de noviembre de 2011

Así lo confirmó el auditor general de la República, Jaime Ardila Barrera, quien en su intervención en Armenia el día de ayer hizo un llamado de alerta a las contralorías por un fenómeno que, de no aplicarse el control fiscal adecuado, podría salirse de las manos.

“El balance de la actividad en el sector es en general bueno, lo que queremos es generar alertas en unos temas que nos preocupan como es el caso de la contratación, en el que consideramos que el modelo de contratación directa se ha impuesto sobre los concursos abiertos requeridos por ley. Nos preocupa que se sigue contratando con entidades sin ánimo de lucro, empleando un esquema de tercerización posibilitado por la firma de convenios interadministrativos donde se termina seleccionando 'a dedo' los contratistas. No queremos entregar juicios sobre ningún proceso pero sí aprovechamos para entregar a los contralores del Eje Cafetero un registro de contratos que deberían ser estudiados más detalladamente”.

El informe de la institución revela que en los tres departamentos de la región la contratación directa llega al 86,42%, con un valor de 786 mil 484 millones 592 mil 958 pesos. En contraste la selección abreviada alcanzó un 10,90%, la licitación pública aporta un 5,34% del total, y el concurso de méritos sólo llegó a un 0,26%.

“Lo inquietante es que lo que debería ser la excepción, es decir el modelo —que de acuerdo con el decreto 1150 de 2007 sólo debe ser empleado en casos especiales como urgencia manifiesta, contratación de empréstitos o bajo los ya mencionados convenios interadministrativos— se convirtió en la norma. En este aspecto organismos como la Procuraduría General de la Nación ya ha destituido varios funcionarios en el país”.

Baja capacidad de control fiscal en el país
Los resultados presentados por la Auditoría General de la República incluyen también el tema de las vigencias futuras extraordinarias, que se dio a conocer ayer en este diario, otro tema que también es motivo de preocupación para el ente de control, sobre todo en cuanto a la efectividad del rol de las contralorías, algo en lo que Ardila Barrera fue enfático.

“Hay que eliminar la idea de que el control fiscal sólo sirve como 'notario' de los grandes robos, porque se podría actuar en el momento que se dé la defraudación y evitar el ilícito, el modelo de control fiscal preventivo se tiene que imponer en el país. La situación de las contralorías es complicado por los problemas coyunturales que se dan desde la misma elección de los contralores; el hecho de que tengan una relación política con las administraciones y corporaciones hace que les falte independencia, y los gobernadores y alcaldes siempre tienen que ver en la elección de las personas que lo van a controlar: ahí el mecanismo no funciona”.

Como ejemplo de esto ilustró cómo en el territorio nacional tan sólo el 50% de las cuentas relacionadas con el sector salud son auditadas por la Contraloría General de la República, mientras que en el ámbito territorial el porcentaje llega a un escaso 11%.

“No quiero imaginar qué pasa con el resto. Así pasa con el tema de las regalías, que llega a aproximadamente la mitad, y en general en toda la cobertura del control fiscal. Esto ha llevado a que se haya recuperado menos del 2% de una cuantía conocida por 3,4 billones de pesos correspondientes a 13 mil 600 procesos de responsabilidad fiscal en 2010”.

No obstante reconoció que parte del problema podría generarse en la carencia de recursos tanto humanos como financieros. Los registros de la AGR indican un límite de gastos de la Contraloría Departamental de mil 424 millones 848 mil 910 pesos, mientras que en la de la capital quindiana la suma llegó a mil 428 millones 895 mil 740 pesos, siendo en sus categorías las de menor presupuesto en el Eje Cafetero. Con esta suma la primera asumió diez procesos para auditar, mientras la segunda llevó a cabo la labor con 15.

La poca capacidad operativa asociada se sumaría a la incertidumbre originada por las inconsistencias halladas en materia de deuda pública en el país.

“Lo que uno no entiende es que en Colombia hoy no se sepa a cuánto asciende la deuda, porque la Contraloría General de la República —que es la competencia legal y constitucional de determinarlo— da un dato, la Contaduría General de la Nación da otro, y el Banco de la República otro. En este sentido existen temas como los pasivos pensionales, los cuales no se han determinado, y algo similar pasa con las vigencias futuras, que no se consideraban como deuda y por lo tanto no entraban en las cuentas de la nación”, concluyó.