18 de octubre de 2021
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Fiscalía busca dar duro golpe a la corrupción en el Quindío

28 de octubre de 2011
28 de octubre de 2011

El proceso del que se espera se fije audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento, en los primeros días de noviembre, a Robert Augusto Rodríguez, diputado y candidato a la asamblea; Luis Fernando Fernández, ex concejal y candidato al concejo; John Jairo Rincón, diputado y candidato a la asamblea; Norberto Ángulo, concejal; Dora Lucía Ramos, concejal; Gloria Inés Hoyos, exgerente de Redsalud; Alexánder Ramírez Ospina, exasesor jurídico de Redsalud y otros está relacionado con la contratación en Redsalud de 2005 a 2007.

Las indagaciones relacionan a los investigados con la fundación FAM, Coodeso CTA, Asociación para el Desarrollo Económico del Quindío, y otras.

De igual modo, se conoció que además de los corporados se vincularon ciudadanos cercanos a estos. Es de exaltar que el proceso se divide en dos fases, siendo esta la primera.

Para la segunda fase de la investigación se ha establecido que se llamará a estrado a varios funcionarios y exfuncionarios de Redsalud, todos relacionados con la contratación en dicha época.

Para los expertos el inicio del caso tiene especial transcendencia, en el sentido de que se le da un gran golpe a la corrupción. Según los últimos hechos judiciales Redsalud se había convertido en la alcancía de unos cuantos.

Incoder
Por otro lado, la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía también solicitó audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideólogica en documento público a varios funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y un par del ICA.

Los hechos, que involucran a Luis Fernando Mejía Masías, exdirector del Incoder; Orlando Antonio Maya Martínez, Mario Montoya Gaviria, Ricardo Adolfo Montoya Tabares funcionarios del Incoder; así como a Fernando Montoya Palomino y José Hermes Torres López funcionarios del ICA, están relacionados con la celebración del contrato de compraventa del predio El Diamante en Pijao.

La investigación inició en 2009 como consecuencia de varias tutelas instauradas por la Defensoría del Pueblo en virtud del deterioro de los predios adquiridos para la actividad agrícola de familias desplazadas, lo que ocasionó que dicho proyecto fuera inviable para el objeto para el que había sido adquirido. Es de precisar que según los datos recolectados por el ente acusador la propuesta costó $450 millones, de los cuales se estima existió un sobrecosto de $170 millones.

Igualmente se conoció que el ente acusador llamará a varios ex funcionarios de la Corporación Autonóma Regional del Quindío, CRQ, a imputación de cargos por falsedad en documento público, e interés indebido en celebración de contratos, entre otros.