10 de mayo de 2021
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El poder del exsenador Juan Carlos Martínez

11 de octubre de 2011
11 de octubre de 2011

Por la forma cómo se ha tomado el poder en el Departamento del Valle. Juan Carlos Martínez, que paga una condena  de  siete años y medio por parapolítica en la cárcel El Bosque, de Barranquilla,  ha logrado ser invulnerable en materia electoral. Según el informe de Semana, la cárcel no le acaba los votos; al contrario: se los multiplica. Todo porque su partido político, el PIN,  que fue creado en cuestión de semanas como una empresa electoral para conceder avales, cuenta en este momento con 9 senadores,  13 representantes a la cámara, 6 diputados, 10 alcaldes y 156 concejales. 

Preocupa que un hombre condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con los paramilitares, que en este momento está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por narcotráfico, que de vendedor de verduras pasó a convertirse en varón electoral, se apodere en su departamento de las entidades del Estado. Semana revela que los tentáculos de Juan Carlos Martínez están en las más importantes entidades estatales del Valle del Cauca. En la Corporación Autónoma del Valle, la poderosa CVC, no se mueve una hoja sin su consentimiento. Como tampoco se puede hacer en la Dian de Buenaventura. Como hasta hace poco no se podía hacer en Acuavalle, ni en la gobernación de ese departamento.

¿Por qué  preocupa que un hombre como Juan Carlos Martínez, sin preparación académica, con un pobre bagaje intelectual, se apodere del poder político en el Valle? Simplemente porque es un político sin escrúpulos. Su fuerza electoral no la ha conquistado por sus brillantes ideas sobre el manejo del Estado, ni por sus espléndidas intervenciones en el senado, ni por su conocimiento sobre hacienda pública. El poder de Juan Carlos Martínez ha sido obtenido por el dinero. Y, en este caso, por el dinero del narcotráfico y la corrupción. La revista revela que el detenido exsenador mantiene estrechos vínculos con  Olmes Durán Ibargüen, alias el Señor del Pacífico, un narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2007. Con su apoyo económico llegó al Senado de la República en el 2002, con 58 mil votos.

Preocupa que para las próximas elecciones, desde la cárcel, Juan Carlos Martínez extienda su poder a otras regiones del país. Para el debate electoral del 30 de octubre tiene una apuesta muy ambiciosa: elegir 5 gobernadores, 101 diputados, 106 alcaldes y 2.363 concejales. Para lograrlo, ha montado una fábrica de avales,  los partidos PIN, MIO y Afrovides. Que un hombre a quien se le oyó  decir, hace algunos meses, "La plata que deja una alcaldía no la deja un embarque de coca", quiera extender sus tentáculos a casi medio país, es preocupante. Martínez  no es un político que exponga ideas. Es un negociante de la política, que es distinto. El mismo  lo dijo: “Es mejor negocio la política que el narcotráfico".

Es más preocupante todavía que este hombre con un extraño parecido a Idi Amín Dada, el dictador de Uganda en los años ochenta, haga ostentación de su poder en la misma cárcel. Que fue lo que hizo cuando en la celebración de su cumpleaños la Orquesta Guayacán fue hasta el penal para amenizarle la fiesta. O cuando se atrevió, no se sabe si con el visto bueno de la dirección de la cárcel La Picota, de Bogotá, a ampliar su celda. Juan Carlos Martínez salió hace poco del penal para disfrutar de 72 horas de libertad. Lo grave es que redime su pena con el trabajo de otros presos. Según Semana, en los registros de la cárcel aparece como si trabajara ocho horas diarias en el aseo de las áreas comunes. La verdad es que otros presos hacen el trabajo por él.
Lo que revela la revista Semana en su última edición sobre este exsenador que inició su vida pública como modesto empleado del hospital de Buenaventura  debe motivar a los colombianos para revisar las hojas de vida de los candidatos tanto a corporaciones públicas como a cargos de elección popular en sus regiones. Sobre todo para que se establezca con claridad quiénes les están financiando sus campañas. Porque sería grave que en departamentos alejados del núcleo de poder del mencionado exsenador, el Valle del Cauca, personas que reciben su apoyo resulten electas. Sería permitir que sus presupuestos sean manejados por personas que han hecho de la política un negocio rentable. Es decir, gentes que llegan a los cargos solamente para llenarse los bolsillos, no para servirle a la comunidad.