6 de diciembre de 2021
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Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Del secreto profesional y otros temas

2 de octubre de 2011

La relación entre el abogado y su cliente se basa en la confianza que éste deposita en aquél. Confianza basada en el supuesto indispensable de que lo que le revele únicamente se usará para su defensa. Ésta es la condición que explica la renuncia a la intimidad, derecho fundamental reconocido por el artículo 33 de la Constitución. Renuncia necesaria porque el abogado tiene que conocer todo lo que pasó, la verdad escueta, pues sobre ella construye la defensa.

Y es tal la importancia de las confidencias que se hacen a los abogados, que, como lo ha dicho la sabiduría popular, si ellos hablaran el mundo se acabaría.

¿Puede un juez autorizar a un abogado para quebrantar el secreto profesional? No. Si lo hace quebranta la ley. Esto, naturalmente, cuando no concurre una de las excepciones señaladas. Si una de ellas se da, no se requiere autorización ninguna.

Lo anterior viene a cuento porque en medio de este alud de escándalos generados por la corrupción de servidores públicos, se dice que algún abogado ha pedido que se le faculte para divulgar lo que su cliente le confió bajo la reserva del ejercicio profesional. Nadie podrá darle tal permiso, porque no hay ley que lo faculte. Todo esto no es nada diferente a la confusión que causan la ignorancia y el miedo al castigo.

De otra parte, se ha vuelto vicio endémico el recusar a los jueces por motivos no contemplados en el derecho procesal. Las causales de impedimento que al no ser declaradas por los administradores de justicia se convierten en motivos para recusarlos, están taxativamente previstas en la ley. Dicho sea de paso, cuando se acusa injustamente a un funcionario de estar incurso en algunas de ellas, se le injuria. Es lo que acontece cuando, sin razón, se dice que está parcializado.

Lamentablemente, esto de la recusación se ha convertido en maniobra dilatoria que pugna con el correcto ejercicio de la profesión. Dicen los ingleses que en un pleito, si los hechos te dan la razón debes apoyarte en ellos y no en las normas; y si te la dan éstas, invocarlas y callar sobre los hechos. Pero que cuando ni los hechos ni las normas te sirven para defenderte, no queda más que demorar el proceso: las huellas desaparecen, los documentos se pierden, los testigos olvidan o mueren.

No hay nada que justifique estos vicios. El que se cree inocente aspira, lógicamente, a ser juzgado en el menor tiempo posible. Por eso los que atraviesan palos en las ruedas del aparato judicial, demuestran que no les interesa que se establezca la verdad porque ésta los condenaría.

Se ha perdido el sentido de lo que está permitido y lo que está prohibido en la tarea del abogado. Hoy predomina el criterio conforme al cual todo se mide por sus resultados. A un lado han quedado los principios y está abierto el camino para ocultar las faltas a cualquier precio. Así hay que decirlo literalmente, porque no son pocos los administradores de la justicia que tienen siempre a la venta sus decisiones.

Finalmente, no hay que extrañarse si la gente comenta los falsos positivos, la compraventa de congresistas o el espionaje delictivo a que fueron sometidos periodistas, opositores y magistrados en el gobierno pasado. Es apenas natural. Baste recordar que el caso de Watergate, que no fue tan grave, causó la caída del presidente Nixon. Es lógico el clamor por la justicia: lo contrario sería inaceptable, pues demostraría que la opinión se ha acostumbrado al delito, que ningún crimen la horroriza. Sería el abismo de la degradación.