Colombia elige 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 418 diputados y 12.061 concejales

Según la Registraduría Nacional, el censo electoral para las elecciones de mañana está conformado por 30’669.020 colombianos, que están habilitados para votar en las 91.255 mesas instaladas en 10.271 puestos ubicados en 1.102 municipios del país. Los jurados de votación son 615.085 y la organización electoral contará con sus 3.185 funcionarios y 21.596 supernumerarios.

Serán 1.860 las comisiones escrutadoras, compuestas por jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, que se encargarán de realizar el escrutinio a partir de las 4:00 p.m., una vez se cierren las urnas. A su vez, la Misión de Observación Internacional organizada por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral está conformada por 61 delegados de 19 países.

Es una historia que se repite cada cuatro años, cuando no sólo la dirigencia política sino también los ilegales alzados en armas se disputan el jugoso botín del poder local y regional. Un pulso de nunca acabar que tiene además posiciones encontradas entre quienes analizan el escenario desde las organizaciones no gubernamentales y el Gobierno, empeñado en garantizar una jornada tranquila y sobre todo transparente.

Según el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), 41 candidatos han sido asesinados y 88 amenazados desde febrero pasado, en hechos relacionados con el proceso electoral. Alejandra Barrios, directora de la organización, advirtió que a 24 horas de los comicios se mantienen los riesgos de violencia, fraude y corrupción.

Particularmente, la MOE ha encendido las alarmas frente a la situación en Medellín, que considera “crítica”. Según el diagnóstico, la campaña en la capital antioqueña ha estado caracterizada “por la presencia de actores armados ilegales, la intensificación del conflicto reflejado en desplazamiento individual y masivo, las restricciones al ejercicio político en algunos barrios, los graves señalamientos de apoyos ilegales a candidaturas y las denuncias de participación en política por parte de funcionarios públicos, entre otros aspectos”.

Incluso, tras cuestionar la “inoperancia” del Ejecutivo y vaticinar un bajo nivel de participación electoral en Medellín, la MOE solicitó la presencia en la ciudad de organismos veedores internacionales y autoridades nacionales para que le den garantías a la ciudadanía para asistir y participar de manera segura y transparente en el certamen democrático.

A su vez, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras —quien desde el lunes pasado adelanta una correría por todo el país junto al mindefensa, Juan Carlos Pinzón—, dice que los esfuerzos puestos en marcha desde marzo pasado garantizan buenos resultados en cuanto al orden público y la coordinación absoluta en la logística de las elecciones”. Según indicó, la estrategia se dividió en cinco frentes, relativos a la financiación, indebida intervención en política, riesgos del proceso electoral, orden público y protección a candidatos.

Más de 360.000 militares y policías han sido movilizados para prestar seguridad y la notificación del Gobierno es que “ningún alcalde en el país tiene la competencia para determinar si se hacen o no elecciones en su municipio. La Fuerza Pública está instruida, al igual que las autoridades de control, para garantizar que se hagan las elecciones en todo el país”.

Mientras tanto, partidos políticos y candidatos hacen cálculos e intentan sumar fuerzas a última hora. Todos saben que los resultados de mañana marcarán la pauta rumbo a las elecciones a Congreso y las presidenciales de 2014, con una ciudad como protagonista: Bogotá. Hoy más que nunca ha cobrado fuerza la frase de que la Alcaldía de la capital es el segundo cargo de elección popular más importante del país, después de la Presidencia.

Es así como el Partido Liberal apunta a conquistar el mayor número de cargos a nivel local y regional que le garanticen seguir pujando por la tan anhelada reunificación y seguir manteniendo el sitial de privilegio dentro del gobierno de la Unidad Nacional del presidente Juan Manuel Santos. Los conservadores, por su parte, quieren ratificar esas mayorías que los convirtieron en la mayor fuerza política en 2007, conscientes de que los escándalos de corrupción y su carácter secundario en la coalición podría afectar dichos objetivos.

Otro que apuesta duro es el Partido de la U, que apunta a trasladar sus mayorías parlamentarias a nivel de municipios y departamentos, mientras que Cambio Radical lucha por sostenerse y tener argumentos para negociar políticamente en el momento de concretar la reunificación con el liberalismo. El Partido Verde, a su vez, es un joven que quiere madurar y el Polo Democrático quiere demostrarles a los escépticos que el escándalo de la corrupción en Bogotá fue un caso aislado y que el horizonte está despejado.