29 de marzo de 2024

30 días para soluciones a la problemática social y administrativa de Marmato

10 de octubre de 2011
10 de octubre de 2011

Por otra parte, la Procuraduría le solicitó al Ministerio de Protección Social, dentro del mismo, que presente un informe real sobre la actual situación social que se vive con respecto a los menores de edad y las madres cabeza de hogar que trabajan en esta actividad en Marmato.

Como tercer punto, el Ministerio Público le pidió a Corpocaldas y a la Secretaría de Gobierno del departamento, como delegación minera, que informe los riesgos que desde el punto de vista técnico pueda tener el “Cerro del burro”, sobre el cual se ubica el municipio de Marmato, Caldas. “La idea es cubrir todos los campos críticos de la región para que el Gobierno pueda tener soluciones definitivas con la Procuraduría como garante del cumplimiento y el respeto de los derechos de los ciudadanos”, aseguró el doctor Rueda Serbousek.

En declaraciones ofrecidas en rueda de prensa el día de hoy, el secretario de Gobierno de Caldas, Henry Murillo Arboleda, le solicitó al Ministerio de Minas y Energías que en el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República para la aprobación del nuevo código minero de Colombia, incluya con un trato especial al distrito minero de Marmato para que sea permitido el otorgamiento de permisos de explotación como se ha hecho tradicionalmente y no por coordenadas como lo exige Catastro, lo cual no sería acorde con la realidad del terreno”.

En el mismo diálogo sostenido con los medios de comunicación, el coordinador del Grupo Asesor para Minería e Hidrocarburos resaltó del evento que “lo más importante que se logró es que se integraron las diferentes autoridades nacionales y regionales mineras, para encontrar una solución integral a la problemática de Marmato, tal como lo buscaba la PGN”.

La Procuraduría General de la Nación continuará promoviendo estos encuentros con autoridades mineras en las regiones colombianas donde se presenten problemáticas sociales, económicas y ambientales que amenacen los derechos de los ciudadanos.