2 de diciembre de 2021
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Renunció gerente de Edsa, Adolfo León Mejía

26 de septiembre de 2011
26 de septiembre de 2011

Su dimisión está asociada a las investigaciones de la Contraloría General y la Fiscalía sobre la rebaja de los impuestos que paga Susuerte al departamento y que costó la suspensión al gobernador Mario Aristizábal Muñoz. Este episodio hace parte de una historia que empieza a producir serios dolores de  cabeza a sus protagonistas.

A través de la Resolución número 0056 del 16 de septiembre de 2011, la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, dispuso la suspensión inmediata del Gobernador de Caldas, Mario Aristizabal Muñoz, y solicitó al Presidente de la República hacer efectiva la medida de separación provisional del cargo.

En la misma resolución, la contralora recomendó que se separe de sus funciones a Mejía, gerente de Edsa.

Manoseo de investigaciones

Caracol Radio

El gerente de la Empresa Territorial para la Salud en Caldas denunció manoseo e irregularidades procesales en la investigación de la contraloría que originó la destitución del gobernador.

El gerente de la Empresa Territorial para la Salud en Caldas, Adolfo León Mejía, señaló que la investigación de la contralora general de la república Sandra Morelli, además de ser subjetiva y sesgada, está direccionada y rodeada de falta de garantías procesales”.

“La Contraloría General de la República sólo abrió investigación contra funcionarios de la actual administración, dejando a un lado a la Junta Directiva de noviembre de 2006, responsable de esta improvisación, que permitió el inicio del proceso licitatorio sin los sustentos legales y técnicos debidos”.

El funcionario señaló además que “La junta era presidida por el anterior gobernador de Caldas Emilio Echeverri Mejía, ahora mimetizado en el proceso por su anterior empleada, la hoy contralora Sandra Morelli Rico”.

Según el funcionario Echeverri Meja, beneficiado con un contrato por 198 millones en once meses, suma nada despreciable para tapar la infundada licitación pública adelantada en abierta violación a la ley, “todo ello desdice mucho de una fiscalización técnica y objetiva, dado que fue asistida desde Bogotá por el mismo Echeverri, en su condición de asesor directo de la Contralora General de la República”.

Mejía Grand indicó que hay un manoseo de la investigación adelantada por la Contraloría en este caso concreto, que evidencia una posible violación del debido proceso y del derecho de defensa, pues con ello se da al traste con el Estado Social de Derecho.