27 de noviembre de 2021
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Las Cajas le inyectan $ 230.000 millones al régimen subsidiado

21 de septiembre de 2011
21 de septiembre de 2011

“Esos recursos corresponden a saldos no comprometidos de vigencias anteriores que fueron girados al Fosyga en virtud del Decreto 3136”, señaló el presidente de Asocajas, Álvaro José Cobo Soto. Además, dijo que “Las Cajas de Compensación Familiar están interesadas en que fluyan los recursos para que el Fosyga, previa validación de las deudas de los departamentos, les gire a las EPS y las IPS de las redes pública y privada del régimen subsidiado”.

“Con este giro se soluciona el 80 por ciento de las deudas de lo no incluido en el plan de beneficios con los departamentos al 30 de junio de este año”, dijo Cobo.

Hay que decir que en el Régimen Subsidiado, el 19 por ciento, es decir, poco más de cuatro millones de personas son atendidas por las EPS del Régimen Subsidiado de las Cajas de Compensación Familiar.

Las Cajas participan con 23 de las 49 EPS del Régimen Subsidiado habilitadas por la Superintendencia Nacional de Salud, con presencia en 24 departamentos y 482 municipios, lo que equivale a una penetración del 44 por ciento a nivel municipal.

En general, las Cajas de Compensación Familiar, que prestan servicios de Salud desde hace más de 40 años, hoy disponen de una gran infraestructura propia o en arrendamiento en donde realizan acciones de promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, asistencia y rehabilitación.

El papel de las Cajas está representada por 195 centros a nivel nacional debidamente habilitados, que en gran proporción son solo de primer nivel (66%) y si se suman los que ofrecen servicios de primer nivel con algunas acciones de segundo nivel corresponde al 88% de la infraestructura; sin embargo, realizan acciones en todos los niveles de complejidad.

Adicionalmente, las Cajas de Compensación Familiar hicieron parte del acuerdo entre las EPS del régimen subsidiado públicas y privadas, del sector solidario y de las Cajas, que entre todas reúnen a cerca de 20 millones de afiliados. El acuerdo, que contó con la participación del Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia de Salud, busca establecer los montos que deben los municipios a las EPS para que de esa manera se puedan liquidar los contratos y poder pagar a las Empresas Sociales del Estado y a las IPS privadas, es decir, a las redes pública y privada.