Hay abogados que están mintiéndoles a las víctimas del conflicto armado
Miguel Samper, director de Justicia Transicional de este Ministerio, denunció este hecho e indicó que es absolutamente falso que las víctimas deban contratar y pagar abogados para beneficiarse con esta ley.
“Las autoridades ya están investigando estos hechos y de ser del caso, que les retiren la tarjeta profesional a estos abogados para que no puedan ejercer más la profesión pues se aprovechan de la condición vulnerable de las víctimas. La Ley de Víctimas lo establece muy claro: el acceso a las medidas administrativas es absolutamente gratuito y no requiere intermediarios”, explicó el alto funcionario.
Además, el proceso de reglamentación de la Ley 1448 de 2011 también ha dejado claros los topes de los honorarios que pueden cobrar los abogados para procedimientos muy diferentes a los del acceso a las medidas de reparación, satisfacción y asistencia, como por ejemplo, procesos ante lo Contencioso Administrativo (entre los que estarían las demandas contra el Estado) y acciones de tutela.
En el primer caso, el tope que podrán cobrar los abogados será de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el caso de las tutelas, los abogados que asesoren a las víctimas no podrán cobrar más de tres (3) salarios mínimos.
El director de Justicia Transicional, del Ministerio de Justicia y del Derecho, hizo estas declaraciones en el marco del seminario sobre la Implementación sobre la Ley de Víctimas, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y otras agencias del sistema de las Naciones Unidas, esta mañana en el club La Aguadora.
Miguel Samper mencionó otras novedades que se están incluyendo en el proceso de reglamentación de la Ley 1448 de 2011, como la flexibilidad en las tasas de reparación por vía administrativa.
“La indemnización administrativa va a tener como fundamento el impacto de la victimización y la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la persona. Las tablas en este sentido tienen que ser dinámicas y no pueden ser estáticas porque entonces no responderían a estas dos situaciones que varían de víctima en víctima”, sostuvo.
Además, en cuanto a los programas de protección a las personas, la idea con la Ley de Víctimas es que el Gobierno no expida sólo medidas que sean reactivas sino también preventivas para evitar que esas amenazas vuelvan a ocurrir.
El director de Justicia Transicional destacó la relevancia de los procesos de concertación con las comunidades indígenas, que concluyó el pasado jueves, y con las comunidades afrodescendientes y gitanas, que culminarán esta semana, pues según dijo, nunca antes el Gobierno había estimulado tanto a participación de las minorías étnicas en la reglamentación de una ley como la de Víctimas.
