13 de mayo de 2021
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Fiscal General: 60 años para abusadores de niños «es una pena suficientemente alta»

7 de septiembre de 2011
7 de septiembre de 2011

La Fiscal Morales al subrayar que no se justifica la reforma, recordó que la pena de prisión más alta en Colombia es de 60 años, “lo que equivale a una cadena perpetua para una persona de 30 o de 40 años”, y añadió que “en los casos de delitos contra menores no se aplica ningún beneficio”.

Dijo también a los periodistas la Fiscal General que “la pena de 60 años es una pena suficientemente alta, lo importante es que se llegue a aplicar, que sea eficaz y que realmente se condene a quienes atentan de manera tan indignante contra los menores”.

“Luego lo que introduciría en la Constitución esta reforma es más bien una incoherencia con todo el sistema penal”, se reñiría también con el principio de la dignidad humana, agregó.

En torno de aquellos infractores con trastornos mentales, la Fiscal dijo que en esos casos lo más adecuado es que tales personas sean internadas en centros especializados.

“HAY QUE RESPETAR LA RESERVA”

En el diálogo de la Fiscal con los periodistas uno de ellos se refirió a la supuesta queja del Procurador General, en el sentido de que la Fiscalía no había entregado oportunamente los expedientes de la Operación Amazonas y la minuta de Álvaro Dávila, y preguntó si había colaboración entre las dos entidades. A ese respecto la Fiscal Morales declaró que “el país tiene que empezar a separar el proceso disciplinario del proceso penal”.

La Fiscal Morales explicó que procurador delegado puede intervenir y conocer los documentos y los elementos probatorios, pero “no trasladarlos al proceso disciplinario. No pueden violar la reserva para trasladarlos a un proceso disciplinario”.

Dijo que si tal situación ocurriera, entonces por medio de “un proceso disciplinario se buscaría lo que la Fiscalía está adelantando en un proceso penal y fácilmente antes de que la Fiscalía hiciera la imputación de cargos se conocería anticipadamente y de manera soterrada” lo que se tiene en contra de un investigado, “ese no es el mecanismo establecido”, añadió.

Subrayó la necesidad de “respetar el proceso penal, hay que respetar la reserva que ya fue garantizada por la Corte Constitucional” y les dijo a los periodistas que a la Procuraduría “varias veces se le ha permitido inspeccionar los procesos en las investigaciones por interceptaciones ilegales y contratación de Bogotá. No es cierto que la Fiscalía no haya colaborado, ni tampoco es cierto que el Procurador General me haya dirigido una carta pidiendo colaboración.”

Por último, la Fiscal General enfatizó que “aquí se ha dado colaboración en los términos constitucionales; protegiendo nuestra reserva para impedir que los investigados conozcan de manera soterrada los elementos que hay en su contra”.