28 de noviembre de 2021
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El 11 de octubre se conocerá fallo en caso del exgerente de Redsalud

14 de septiembre de 2011
14 de septiembre de 2011

Fueron tres contratos y dos prórrogas por un valor de $3.017 millones los que adelantó Redsalud con Cooprotec, todos estos con el mismo objeto contractual. Los anteriores, adelantados según el ente acusador con un beneficio particular y no general.

Cuando Beatriz Elena Zapata Valencia estuvo al frente de la ESE adelantó con Cooprotec, un primer contrato de prestación de servicios asistenciales, el 036 de enero de 2007 por valor de $990 millones, que tuvo una adición en agosto del mismo año por valor de $495 millones.

De igual modo, el ente de control indicó que para septiembre de la misma vigencia Zapata Valencia celebró un segundo contrato de suministro de servicios por valor de $715 millones “que fuera declarado el 1 de diciembre por valor de $375 millones, suscribiendo un tercer contrato de suministro de servicios asistenciales con la misma cooperativa en diciembre por $442 millones”.

La finalidad de los mencionados contratos fue la de suministrar servicios asistenciales, profesionales y técnicos requeridos por la entidad y los diferentes centros de salud del municipio, así como cubrir las necesidades del servicio del reemplazo del personal en vacaciones, con licencias no remuneradas, incapacidades y permisos autorizados previamente.

Dentro de los argumentos de la fiscalía estuvo que pese a la normatividad vigente en el momento que se suscribieron los contratos, la exfuncionaria no exigió a la contraparte que ostentara la condición de propietaria, poseedora o tenedora de los medios de producción, así como tampoco instalaciones, equipos, herramientas, tecnología, y material de trabajo faltando al principio de economía, existiendo además vulneración al de moralidad y buena fe.

De igual modo, enfatizó que previa a la suscripción de los mencionados contratos, ya se sabía por quienes laboraban en Redsalud que se contrataría con Cooprotec, de la que el esposo de la sindicada, Juan Gabriel Gutiérrez, integraba la junta de vigilancia. “Con la documentación expuesta se evidenció como la cooperativa reformó los estatutos para facilitar la contratación irregular, que tuvo el interés claro de beneficiar a dicha cooperativa”.

Con lo expuesto por el ente acusador se mostró que en las acciones de la exgerente de Redsalud existió una inclinación de ánimo hacia una entidad, acciones con la que la fiscalía pretendió mostrar el cómo se desconoció por parte de la exfuncionaria los principios de transparencia y selección objetiva, “lo que se demostró a través de los testimonios de Sylvia María Acosta Botero, Leonardo Fabio Montero, entre otros”.

De igual modo, la fiscalía precisó que en el desarrollo de los interrogatorios se entrevió como se faltó por parte de la juzgada a lo estipulado en el contrato, en cuanto a la vinculación o desvinculación del personal, que se tenía que hacer en concordancia con lo establecido en los estatutos de Cooprotec y que se demostró que esto se hacía a voluntad de Redsalud, hecho que quedó plasmado en diferentes actas donde se informó de las inconsistencias referentes a la contratación.

La defensa
Por su parte, el representante de los intereses de Beatriz Elena Zapata Valencia, Guillermo Roa afirmó que dentro de sus alegatos de conclusión precisó a la juez que en criterio de la defensa la fiscalía no logró demostrar los elementos objetivos del interés indebido en celebración de contrato público, en igual sentido relacionados con los requisitos esenciales, los cuales se aducen se violaron por parte de la exgerente de Redsalud.

Destacó que se abrió un debate respecto del funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado, “que es un problema que no es solo de Redsalud, es algo que ha causado dificultades a todas las entidades del sector salud en toda la nación”.
Agregó que en el caso concreto los hechos relacionan a una cooperativa que en el momento “era la de mayor prestigio, conocimiento y especialización en el área de la salud porque trabajaba con Comfenalco, que fue el criterio que tuvo la gerente para vincular a todos sus trabajadores a través de esa cooperativa, por el hecho de que era la de mayor reconocimiento en el departamento”.

Añadió que en Redsalud se venían presentando una serie de dificultades con el tema ante la inestabilidad y no pago de las compensaciones de los trabajadores, criterio que llevó a la gerente de Redsalud a determinar que se debía contratar el servicio con otra cooperativa diferente a las existentes, “y la única que había en el momento era Cooprotec”.
Resaltó que el problema se presentó porque en dicha cooperativa, desde hacía 7 años venía como afiliado el esposo de Beatriz Elena Zapata. “Este nunca laboró en Redsalud y siempre trabajo en Comfenalco, además que nunca recibió ningún beneficio especial, tal y como se demostró en el juicio”.

Además “se reveló que el esposo de la exgerente de Redsalud jamás perteneció a ningún órgano directivo de Cooprotec. Él como profesional de la salud tenía que estar afiliado a una cooperativa para poder ejercer, porque como es bien sabido por todos que los profesionales de la salud para poder laborar deben de estar relacionados con una cooperativa. Lo que se debatió en el juicio fue la forma de vinculación con la cooperativa, que efectivamente se ha dado y se da para que se presenten manejos no muy santos, pero que es la forma establecida por el gobierno en aras de que supuestamente se obtuvieran mayores beneficios”.

Sobre el argumento de que no se vigilaron los medios de producción faltando al principio de economía dijo que una de las razones que adujo la fiscalía es que hay un decreto —4588— expedido en diciembre de 2006 que reglamentaba el funcionamiento de las cooperativas, dentro del que se decía que para que pudieran laborar tenían que ser poseedores de los medios de producción, es decir dueños de las ambulancias, quirófanos, instrumentación y de todo aquello que requiera en la prestación del servicio.

“Como se nota, lo exigido en el mencionado decreto es algo imposible de cumplir por cualquier cooperativa en Colombia, y como eso no se podía hacer el gobierno suspendió la ejecución del mismo durante seis meses, luego sacó otro decreto suspendiéndolo durante otros seis meses, finalmente vino a operar en 2008, fecha para la que ya mi protegida había salido, pero algo particular es que desde esa fecha hasta ahora el decreto no se ha aplicado, por eso ya hay directivas del ministerio de la Protección Social de que simplemente se entregue eso en tenencia, posición que también fue socializada en juicio”.

Resaltó que como una circunstancia adicional está que es imposible que los órganos del sector salud entreguen los medios de producción a las cooperativas. “Cómo van a entregar una sala de urgencias o una unidad de cuidados intensivos a una cooperativa, cuando el mismo Estado obliga a las entidades de salud a que dediquen parte de su presupuesto para el mantenimiento y conservación de esos bienes”.

En cuanto a la exigencia de la póliza que el ente acusador indicó que no se hubiera hecho, “pues es algo que no se requería, porque un contrato está determinado por unas cláusulas que establecen obligaciones y los contratos establecen unas pólizas, y una de esas es la de cumplimiento de las obligaciones y una de las obligaciones era mantener y conservar los bienes, entonces para qué se va exigir constituir otra póliza cuando ya está constituida, eso no tiene razón de ser”.

En consecuencia, se demostró que “no hubo un interés indebido por parte de la exgerente de Redsalud, que el interés fue institucional y que por el contrario lo que ella buscó en ese momento fue la eficiencia y la eficacia en la prestación del servicio, a la vez que se garantizara a los trabajadores, que venían siendo golpeados por otras cooperativas que no les pagaban sus compensaciones”.

Sobre la petición de generar copias a Luz Aída Baracaldo dijo que es una solicitud que en su derecho hace la fiscalía. “Pero efectivamente esa testigo fue seria, coherente, integral y se reiteró en lo dicho ante la insistencia, tanto de la procuraduría, como de la fiscalía y del mismo juzgado. Fue una persona que de forma sería y coherente explicó la manera como se ejecutaban las vinculaciones”.

Agregó que él pudo haber solicitado se investigaran a otros testigos “que faltaron a la verdad, pero la idea no es seguir una cadena de acusaciones reciprocas, sino en demostrar. Por eso por mi parte tengo la absoluta certeza de que mi representada es inocente”.