12 de mayo de 2021
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Contencioso-Administrativo declara inválido acuerdo 14 de 2010 del Concejo de Calarcá

23 de septiembre de 2011
23 de septiembre de 2011

El departamento demandó el acuerdo de las facultades del alcalde para el cambio de destinación de los recursos del empréstito, aduciendo que no estaba acorde con unas disposiciones legales vigentes.

“Cabe recordar que en el debate del referido acuerdo, algunos concejales de la oposición habían manifestado que iban a entablar una demanda, a lo que respondieron varios concejales, entre ellos, Jesús Antonio Sepúlveda, que esas amenazas de que se iban para la cárcel por lo que acababan de aprobar, mostraba su ignorancia jurídica”, según indicaron desde la alcaldía de la segunda ciudad del departamento.

Por su parte y tras hacer el análisis respectivo y la revisión de dicho acuerdo, el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío afirmó en la providencia, que “encontró que el acto administrativo materia de revisión, está cumpliendo con el ordenamiento legal vigente sin encontrar sustento alguno legal que impidiera su aplicación, ya que está soportado en la disponibilidad de recursos y en la planeación para el desarrollo local. En consecuencia no hay lugar para decretar su invalidez”.

“Por tal motivo, el fallo indica que se niega la solicitud de declaratoria de invalidez del Acuerdo No. 14 de diciembre 25 de 2010”, manifestó el alcalde Carlos Enrique López Murillo.

Agregó que ya fueron notificados de la medida por parte de dicha dependencia administrativa.
Cabe resaltar que hay otros acuerdos que fueron denunciados por la administración territorial como por ejemplo la invalidación del 004 del 7 de septiembre de 2009 por parte del Tribunal Administrativo del Quindío y que había sido expedido por el mismo concejo.

El organismo atendió una queja del gobernador Julio César López Espinosa, quien consideró que “vulnera normas de orden nacional y además, puede generar confusión pues se relacionan unos bienes inmuebles sin determinar bajo cuál modalidad de las señaladas podrán ser transferidos”.

López Espinosa consideró que se violaron algunas normas como los artículos 287 numeral 2, por analogía el 150 numeral 10, así como los artículos 154, 311 y 313 numeral tercero de la carta política. “Además del artículo 17 del decreto 1333 de 1986, y los resuelto en la sentencia T426 del 24 de junio de 1992 por la Corte Constitucional”.