Un departamento ultrajado
El tribunal superior del Quindío acaba de ordenar el levantamiento de medidas de embargo por 800 millones de pesos pertenecientes a los escasos recursos del fisco territorial. Para la administración seccional ese es un dineral, una cifra escandalosa, más no la única, porque se volvió costumbre congelarle platas al departamento como medida preventiva adoptada por jueces de la República tras la interposición de demandas hechas por grupos de educadores contra la administración territorial. Esa es ya una constante histórica.
El recurso se volvió costumbre y no han sido pocas las veces que a la administración pública del departamento la han dejado maniatada, sometida a circunstancias difíciles de las cuales ha salido milagrosamente, pero después de perder mucho dinero en procesos judiciales que más que beneficiar individualmente a los educadores, han ido a dar a los bolsillos de hábiles e inteligentes abogados, aliados con líderes que le han puesto el ojo a sus particulares causas, sacrificando la estabilidad socioeconómica del Quindío y no propiamente para obtener beneficios económicos para el grueso de los docentes. A los maestros les han tocado centavitos de muchos negocios ganados por los abogados de los educadores, la parte gruesa de las ganancias siempre va a parar a otras cuentas.
En esta oportunidad se estaban reclamando intereses acumulados por ascensos en el escalafón de docentes y gracias a otros casos de fallos favorables, el departamento ha recobrado una cifra probablemente superior a los mil 500 millones de pesos. Eso es por todas partes que se le tira a los recursos públicos. Si el Estado colombiano perdiera todas las demandas en su contra —la mayoría de ellas formuladas por vividores amparados en el estado de derecho— el país quedaría en la ruina y los colombianos pasaríamos a ser habitantes de un Estado sumido en la incapacidad y el desamparo.
Son muchas las formas de corrupción que se practican en Colombia. A quienes se apoderan de miles y miles de millones cada año a través de múltiples trampas empleadas por timadores de profesión que abundan, les queda relativamente fácil sacar millonarias utilidades. Las cadenas delincuenciales existentes están capacitadas y se mueven entre un máximo de garantías, mientras que el gobierno y el pueblo colombiano se ven obligados a padecer los resultados del mal.
Los partidos políticos no se dan por entendidos. Viven en la inercia de su pasado y las más nuevas colectividades apenas si cuentan en apariciones fugaces, con líderes de corta vida que no alcanzan a darse cuenta de lo que realmente ocurre en Colombia, porque ellos mismos están en el juego de sus personales intereses y de sus particulares ocurrencias. Contra el país y sus recursos todo el mundo puede hacer lo que quiera y no pasa nada.
El departamento ha sido obligado en repetidas oportunidades a pagar dineros que finalmente van a beneficiar a particulares. La política se reduce a lo mismo desde no pocos años a la rebatiña burocrática y para conseguir de esta manera que a ciertos políticos les funcione el sistema del contratismo y sus respectivas comisiones.
En Armenia todos saben —menos los ingenuos que todavía quedan— qué significa en el concejo municipal el G11, cómo se conformó y para qué. Con qué fines. En los mentideros políticos se sabe cómo opera, cuáles son los mecanismos que emplean y hasta se conocen los nombres de los más audaces. A nadie le importa lo que pueda pasarle a las finanzas públicas. Esto se volvió que lo único que se defiende son los intereses particulares y así ha pasado con las demandas y embargos que en algunos casos le han hecho al departamento. No tengamos duda los quindianos, el nuestro, es un departamento ultrajado.