18 de febrero de 2025

Los brazaletes electrónicos han incitado a la corrupción: Mininterior

17 de agosto de 2011
17 de agosto de 2011

“Cuando uno evalúa quiénes han sido los beneficiarios de esta medida, se encuentra que en un porcentaje muy alto el beneficio recae en personas condenas por delitos relacionadas por narcotráfico, lo que  es un indicador que en el otorgamiento del mismo el factor económico de la persona beneficiaria resulta clave para identificar quiénes lo reciben y quiénes no”, explicó el ministro Vargas Lleras
 
Igualmente, el jefe de la cartera política afirmó que en la Ley de Seguridad Ciudadana se contempla quiénes y bajo qué condiciones pueden usufructuar el denominado brazalete electrónico.
 
“Esta Ley aumenta los requisitos para quienes se quieran beneficiar con el brazalete y advierte que este sistema no se les otorgará a quienes hayan cometido delitos de porte ilegal de armas, tráfico de menores de edad, uso de menores de edad para la comisión de delitos o usurpación de funciones públicas con fines terroristas. Siguen excluidos de este beneficio quienes hayan cometido delitos de genocidio, secuestro, extorsión, tráfico de personas, lavado de activos y tráfico de estupefacientes”, aseveró.
 
Estrategia para terminar con las Bacrim

 
En el marco de la jornada académica, el Ministro del Interior señaló que  una de las estrategias del Gobierno Nacional para terminar con las organizaciones criminales es la de aislar a estas personas de las zonas donde las estructuraras a los que ellos pertenecen han tenido influencia.
 
“La semana pasada trasladamos a Cómbita 400 internos y la cárcel de Guaduas, que se inaugura el próximo viernes, ha recibido 329. El propósito es culminar este año en Cómbita con 1.100 integrantes de las llamadas Bacrim u organizaciones criminales”, afirmó Vargas Lleras.
 
El Ministro indicó que con la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana el Gobierno Nacional puede trasladar presos por razones de seguridad nacional, orden público, seguridad penitenciaria, descongestión carcelaria, prevención de actividades delincuenciales, intentos de fuga o seguridad del detenido o de cualquier otro interno.
 
“Tres mil cincuenta miembros de estas estructuras criminales están actualmente en reclusión y vamos a relocalizarlos. Es un propósito de este Gobierno”, afirmó.

Por otra parte, el alto funcionario manifestó que con la Ley de Seguridad Ciudadana se aumentan penas para evitar que muchos delitos sean excarcelables, como interceptación ilegal de llamadas, usurpación de inmuebles, abuso y usurpación de funciones públicas con fines terroristas y porte ilegal de armas.
 
"Por el camino que vamos, todos los delitos del Código de Procedimiento Penal se van a convertir en excarcelables y a todos habrá que imponerles penas mínimas de cuatro y cinco años.", señaló.