23 de junio de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Sistema Electoral luego de 20 años de vigencia de la Constitución

2 de julio de 2011
2 de julio de 2011

Cumplidos 20 años de la Constitución Política de 1991, el eje de la reformas se ha centrado en garantizar el fortalecimiento del Ejecutivo y su “gobernabilidad” como mecanismo necesario para el fortalecimiento del poder presidencial, sin dejar de lado que en vigencia de la actual Carta Política ésta ha sido reformada en 29 ocasiones y han sido presentados cerca de 450 proyectos de acto legislativo con el fin de modificarla. Es más: se está a la espera de lo que ocurra con las más de 30 reformas que se han intentado introducir este año y al menos una de las planteadas por el actual Gobierno seguramente tendrá eco en el Congreso.

Este panorama deja ver sin ambages que la reforma de la Carta es uno de los objetivos estratégicos de los actores dinamizadores del constituyente derivado.

De esta forma se pueden diferenciar dos corrientes de reformas constitucionales: la primera, orientada por una preocupación hacia la parte dogmática teniendo como punto de mayor visibilidad la reforma del artículo 35 y mediante la cual fuimos de vuelta  sobre la inicial prohibición de extradición mediante el Acto Legislativo 01 de 1997; la segunda, dirigida hacia la parte funcional de Estado, bien sea por la parte de su financiación o por el sistema organizacional, abordando diferentes temas entre los que se destacan los contemplados en la Reforma Política de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, referidos a la reelección presidencial para periodo consecutivo, postura que no fue considerada constitucionalmente por casi 100 años, y que se había perdido en los recovecos de la historia colombiana desde la Presidencia del General Rafael Reyes, sobre lo cual cabe decir que la tesis que contemplaba el artículo 197 (original) de la reformada Constitución, restringía el periodo presidencial para un solo lapso de ejercicio institucional de 4 años, sin que se pensara en la posibilidad de que pudiese llegar a ocupar tal dignidad de manera consecutiva como sí ocurría y ocurre en sistemas de fuerte raigambre federalista  o de las cada vez menos fuertes monarquías constitucionales con sus jefes de gobierno.

La gran preocupación sobre la que han girado las reformas políticas es la de evitar o minimizar la exposición del Ejecutivo a la corrupción, por lo que las reformas han tenido por objeto contrarrestar este riesgo.

Sobre los partidos políticos

El Acto Legislativo 01 de 2003, “Por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones”, dispuso que para obtener la personería jurídica, los partidos, los movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos debían obtener una votación no inferior al 2% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones en Cámara de Representantes o Senado. De la misma forma estableció un segundo parágrafo transitorio según el cual podrá solicitar el reconocimiento de la personería jurídica de partido o movimiento político, cuando se haya obtenido más del 2% de los votos emitidos válidamente para elegir Senado de la República. Con esta estipulación se fomentó la creación de nuevos partidos y movimientos que le dieran un aire de renovación a la vida política organizada del país y que las fuerzas tradicionales le cedieran terreno en beneficio de la aparición de nuevas corrientes ideológicas, digámoslo con claridad, fincado el legislador en la aspiración de superar el marcado protagonismo bipartidista de nuestra bicentenaria vida republicana.

Las ideas anteriormente planteadas fueron reforzadas y se les dio alcance con el Acto Legislativo 01 de 2009, con lo cual dichos preceptos pasan a un terreno verdadero y ajustado a la realidad frente a la composición y organización de los partidos políticos como actores vitales y canalizadores de las múltiples aspiraciones de sus asociados.

De esta manera se les ha dado fuerza a los partidos y movimientos políticos, se reglamentó lo concerniente a la obtención de la personería jurídica, se ha respetado la representación de las minorías y grupos significativos en la vida política activa del país facilitándoles que estos grupos velen por los derechos fundamentales de sus respectivas comunidades, colaborando armónicamente con el Estado para la consecución de sus fines y satisfaciendo de las necesidades básicas de la forma más adecuada, lo cual configura un verdadero avance, frente a la Constitución Política que en un inicio empezó a regir de manera avanzada para su tiempo pero tímida frente a las proyectadas aspiraciones de mayores posibilidades de influenciar directamente la actividad del Estado por parte de nuestra ciudadanía.

Se ve de esta forma cómo con el trasegar de los años la dinámica constitucional colombiana ha ido girando gradualmente hacia un estado protector y garantizador de los derechos y deberes políticos en la perspectiva del fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos como vehículos naturales y necesarios de la expresión democrática de los asociados en la consolidación del Estado Social de Derecho proyectado por el Constituyente de 1991, camino no concluido y siempre abierto a nuevas realidades.

La Reforma política de 2010

Aún quedan tareas pendientes por concluir y otras por iniciar y que van a permitir llegar al desarrollo de puntos álgidos en la vida democrática y que han sido abordados en proyectos de reforma política durante los últimos años, y que tienen la pretensión de poner a tono con las dinámicas democráticas presentes entre otros a la Organización Electoral y a los sistemas de participación, por tal razón se ha recibido con beneplácito el Proyecto de Ley Estatutaria 190 de 2010 que busca la actualización de temas vitales para la vida política y participativa del país.

Dicho proyecto de ley que se encuentra para sanción presidencial busca fortalecer el sistema electoral y regular temas atinentes a los partidos políticos, y en sí, toca asuntos que resultan fundamentales a la Organización Electoral y se caracterizan por su alto impacto social.

Los puntos que durante el debate fueron presentados para hacer parte constitutiva de dicha iniciativa legislativa son:

1. Principios de organización y funcionamiento de los partidos.

– Los Partidos deben favorecer la participación directa de sus afiliados en la elección de sus directivas.

– La actividad de partidos y movimientos políticos deben estar guiados por los principios de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género, deber de publicar sus programas políticos.

2. Régimen de las consultas.

– Mantener el actual apoyo de la organización electoral a las consultas internas de los partidos.

– Se pretende realizar consultas interpartidistas para así conse-guir candidatos únicos a los cargos de elección popular y así desarrollar las coaliciones de los partidos o movimientos. Así existirían 3 tipos de consultas: abiertas, internas e interpartidistas.

– Se le da la facultad al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que mediante proceso verbal y sumario deje sin efecto la inscripción de candidatos, que se hayan sometido a consulta interna en un partido y se inscriban en otro para el mismo proceso electoral.

– Habrá racionalización de gastos y de tiempo en las consultas internas para los cargos uninominales.

3. Financiación estatal y privada de partidos y campañas.

– Financiación del funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica: señala el criterio a seguir para la distribución del 10% del Fondo.

– Financiación estatal de las campañas electorales: se hace énfasis en el principio constitucional de financiación parcial de las campañas en cuanto a su monto. Se señalan los mecanismos de financiación estatal: reposición de votos y financiación previa.

– Financiación privada: señala requisitos, porcentajes y entrega de este tipo de financiación.

4. Publicidad y rendición de cuentas.

– Deber de rendir informes contables de ingresos y egresos realizados en cada campaña de movimientos, partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos ante el Consejo Nacional Electoral.

– Se amplía el plazo a 2 meses siguientes a la contienda electoral para rendir cuentas.

– Se obliga a presentar listado de aquellas personas naturales o jurídicas q realizaron contribuciones a la campaña.

– El Consejo Nacional electoral deberá publicar en el sitio web los informes presentados por los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.

– Los candidatos deben presentar rendición de cuentas ante el partido, movimiento o grupo significativo que inscribió y avaló su participación.

5. Inspección, Vigilancia y Control

– Se llenan los vacíos en cuanto a la responsabilidad política de los partidos políticos y movimientos políticos; se fija el régimen de sanciones y causales de responsabilidad.

– Al Consejo Nacional Electoral se le trazan lineamientos para adelantar investigaciones administrativas.

6. Pérdida de cargo o investidura por violación de topes, procedibilidad de la acción electoral y revocación del acto de inscripción.

– Se reglamenta la pérdida del cargo cuando hay violación a los topes máximos de gastos establecidos para la financiación.

– El Consejo Nacional Electoral tendrá la competencia para iniciar la investigación y en caso de violación de topes decretará la pérdida del cargo y declarará elegido a quien haya obtenido la segunda votación. Las decisiones estarán sujetas al control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

– Si hay pérdida de investidura no habrá lugar a financiamiento estatal de la campaña.

– Se amplía el catálogo de las causales de reclamación para la perdida de investidura.

Así las cosas, es evidente que la reforma política de 2010 tiene puntos positivos, busca hacer de la pretensión de transparencia la piedra angular sobre la cual  se hagan presentes en la vida nacional los movimientos políticos, partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Ahora estas corporaciones deberán someter sus decisiones al consenso interno y externo, al igual que sus estados financieros pre y post electorales, los cuales deberán estar sometidos a las rigurosas reglas de moralidad, equidad y transparencia. Es decir, se busca que el ciudadano-participante sienta a su partido, movimiento o grupo significativo como el vehículo idóneo que le permita desplegar todos sus derechos políticos y ejercerlos de manera organizada en la seguridad de estarlo haciendo a través de organizaciones que actúan teniéndolo como fin en sí mismo por su condición de sujeto dinamizador de la vida en sociedad.

En conclusión se puede decir que la reforma política se encuentra propiamente enfilada y apunta con toda seguridad  hacia la consecución de una democracia con mayor control, inspección y vigilancia de los propios partidos y movimientos políticos, rodeado de transparencia, objetividad y prevalencia del interés general sobre el particular, siendo realmente una democracia representativa y auténtico crisol de las aspiraciones ciudadanas en el permanente activismo modelador de la vida nacional.

Con relación a temas puntuales tratados en la Reforma Política, tales como la fórmula propuesta para la depuración del censo electoral y el escrutinio inmediato, entre otros, oportunamente la Registraduría Nacional del Estado Civil envió sus consideraciones a la Honorable Corte Constitucional. En oficio del pasado 28 de marzo de 2011 se solicitó de manera puntual que a dicho tribunal que “se declare la inconstitucionalidad de los artículos 47 y 48 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 190/10 Senado – 092/10 Cámara. En este punto la Corte consideró el pasado 23 de mayo que esa norma no representaba a quienes impulsan el voto en blanco o se deciden por la abstención.

No obstante las reformas consitucionales introducidas en los últimos años, la normatividad del Sistema Electoral Colombiano sigue estando desactualizada frente a las realidades sociales, jurídicas y tecnológicas del país actual. El Código Electoral vigente es anterior a la Constitución de 1991 y contiene normas que prácticamente han permanecido inmodificables en nuestro ordenamiento jurídico desde 1930 cuando el sufragio no era universal y ni siquiera se había creado la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Quizás la última modificación verdaderamente significativa en el sistema electoral colombiano, fue el reemplazo de la papeleta de votación que distribuía cada partido por la tarjeta electoral que suministra la Organización Electoral en igualdad de condiciones a todos los sufragantes. Desde este cambio han transcurrido más de 20 años, en los cuales se han realizado innumerables intentos por modificar el Código Electoral, sin que hasta el momento alguno haya llegado a feliz término.

El pasado 27 de mayo, mediante el Decreto 1870, se creó una comisión que en un plazo de tres meses deberá redactar un proyecto de Código Electoral. La Comisión la conforman el Ministro del Interior y de Justicia o su delegado; el Secretario Jurídico de la Presidencia o su delegado; el presidente del Consejo Nacional Electoral; el Registrador Nacional del Estado Civil; los cuatro magistrados de la Sala de Consulta y Servicio del Consejo de Estado; el Presidente de la Sección Quinta del Consejo de Estado; y un congresista miembro de la Comisión de Seguimiento y Vigilancia del organismo electoral.

Las recomendaciones presentadas en esta Comisión no deben ser descartadas sin pensar seriamente en el desaprovechamiento de una gran oportunidad para brindarle a la vida democrática nacional un avance progresivo en la ruta de la inserción en un mudo cada vez más globalizado que tiende a relievar y valorar de mejor manera la eficacia de los sistemas de expresión de la voluntad popular y sus mecanismos de protección, de manera contundente se advierte que es al interior de la organización electoral donde se ven las necesidades prioritarias, que deben ser resueltas de forma pronta y decidida, para que cada proceso electoral no sea entorpecido y poder cumplir de mejor manera con la misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual consiste en salvaguardar y garantizar los procesos electorales como el máximo certamen democrático y por tanto el mayor motivo de alegría y orgullo de una democracia saludable y de una nación que propende por llevar el derecho fundamental del sufragio a un auténtico estadio de igualdad material por la garantías que lo acompañan y protegen como el acto más valioso de cualquier ciudadano en la vida política colombiana.