18 de junio de 2021
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Se inició otro juicio contra ex gerente de Redsalud Armenia

13 de julio de 2011
13 de julio de 2011

La fiscalía inició la presentación de su teoría del caso con la lectura del artículo 209 de la Constitución Política que señala: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”. Asimismo, dicho artículo añade que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

El caso que involucra a la ex gerente de Redsalud no es otro que un nuevo hecho que afectó la administración pública, cuando esta estuvo al frente de la ESE, quien adelantó con la Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Profesionales y Técnicos, Cooprotec, los contratos de prestación de servicios asistenciales 036 de enero de 2007 por valor de $990 millones del que tuvo adición en agosto del mismo año por valor de $495 millones”.

De igual modo, el ente de control indicó que para septiembre de la misma vigencia Zapata Valencia celebró un segundo contrato de suministro de servicios por valor de $715 millones “que fuera declarado el 1 de diciembre por valor de $375 millones, suscribiendo un tercer contrato de suministro de servicios asistenciales con la misma cooperativa en diciembre por $442 millones”.

La finalidad de los mencionados contratos fue la de suministrar servicios asistenciales, profesionales y técnicos requerido por la entidad y diferentes centros de salud, así como las necesidades del servicio del reemplazo del personal en vacaciones, con licencias no remuneradas, incapacidades y permisos autorizados previamente.

Son dos los hechos en los cuales la fiscalía considera que se vulnera el ordenamiento jurídico legal en la delegación de dichos contratos.“Será hecho de demostración el que pese a la normatividad vigente en el momento que se suscribieron los contratos, que la ex funcionaria no exigió a la contraparte que ostentara la condición de propietaria, poseedora o tenedora de los medios de producción, así como tampoco instalaciones, equipos, herramientas, tecnología, material de trabajo”.

Además previa a la suscripción de los mencionados contratos de suministros asistenciales por parte de la acusada en calidad de gerente de la ESE, “ya se sabía por quienes laboraban en dicha entidad que se contrataría con Cooprotec, de la que el esposo de la sindicada, Juan Gabriel Gutiérrez, integraba la junta directiva. Tal fue la situación que la cooperativa reformó los estatutos para facilitar la contratación irregular que tuvo el interés claro de beneficiar a dicha cooperativa de la que renunció Gutiérrez”.

Resaltó que las acciones de Beatriz Elena Zapata hacen relación a las conductas punibles de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, “que se demostrará con los testimonios de Mauricio Quintero, Leonardo Fabio Montero y Gloria Isabel Ponce que hacían parte del consejo directivo de la cooperativa. Estos manifestarán que se delegó el contrato sin el lleno de los requisitos legales, faltando a lo exigido a la normatividad”.

Con el fin de demostrar la conducta del interés indebido en la celebración de contratos, “se mostrará una inclinación de ánimo hacia una entidad, desconociendo los principios de transparencia y selección objetiva. Es así que esto se demostrará a través de los testimonios de Sylvia María Acosta Botero, Leonardo Fabio Montero, entre otros”.

Lectura de condena
El próximo 27 de julio se realizará la audiencia de la lectura del fallo del proceso adelantado contra la ex gerente de Redsalud, Beatriz Elena Zapata Valencia que por el momento goza del beneficio de la casa por cárcel.

El 24 de junio el Juzgado Segundo Penal del Circuito fijó una sentencia condenatoria a la ex funcionaria, juzgada y hallada responsable de los delitos de celebración indebida de contratos, peculado culposo y falsedad ideológica en documento público.

En ese caso la fiscalía indicó que teniendo en cuenta el sentido del fallo que se emitió y en atención a los comportamientos que fueron valorados en materia de acusación, expuesta en la teoría del caso durante el acto de apertura, debidamente demostrado en la evacuación de la prueba y sustentada en los alegatos de conclusión el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en conjunto heterogéneo, homogéneo y sucesivo y por la especialidad del peculado culposo y la falsedad se tiene que la pena prevista de la que se tendría que partir es de 64 meses.

Por: Gustavo Adolfo Andrade Patarroyo