20 de junio de 2021
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Procuradora Provincial interpuso acción de tutela ante ratificación de fallo

13 de julio de 2011
13 de julio de 2011

La viceprocuradora general de la nación compartió los argumentos del fallo de primera instancia, según los cuales, Vélez Coronado antes de proferir o firmar el proyecto del acto administrativo en cuestión, debió realizar un análisis juicioso y profundo, tanto del objeto de la queja, como del material probatorio, confrontándolas con la norma aplicable al asunto, lo cual le hubiera permitido percatarse “de las irregularidades mencionadas, las cuales se advierten con la sola lectura de la providencia”.

La sancionada
Sobre la decisión de segunda instancia Diva Maritza Vélez Coronado dijo: “La sanción como resulta obvio no la comparto y en razón a ello ejercí las acciones a las que la ley da derecho”.

Manifestó que está a la espera de que el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, “previo conocimiento que tiene de la anormalidad procesal, que lesiona el principio constitucional del non bis in iden —no juzgar dos veces por los mismos hechos— con afectación sustancial al debido proceso, se sirva adoptar las medidas correspondientes, ya sea de cumplimiento de la sanción o de revocatoria de tal medida, por constituirse en un acto evidentemente arbitrario e inconstitucional”.

La conducta por la que destituyeron a Vélez Coronado tiene relación exclusiva con la interpretación de normas relativas al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que hizo en el proceso radicado con el N° 101-2484-06, cuando expidió el auto 018 de marzo de 2007.

Dicho auto ordenó el archivo de las diligencias preliminares en contra del alcalde de Córdoba, Humberto Turriago López, por haber suscrito la orden de compra 014 de junio 19 de 2003 por valor de $ 3 millones con Pedro Luis Méndez, padre de la concejal en ejercicio Gladys Méndez Prada. Archivo que fue revocado por la procuraduría regional, continuándose el trámite procesal y culminándose con fallo absolutorio confirmado por la misma regional.

Recordó que por estos hechos se abrieron dos investigaciones disciplinarias en su contra, la primera iniciada directamente por la veeduría de la Procuraduría General de la Nación bajo el radicado 030-160404 de 2007, en la que mediante auto de fecha 6 de junio de 2008 se ordenó el archivo definitivo de esa investigación, que fue formalmente notificada y se encuentra ejecutoriada.

Y la segunda adelantada en la Procuraduría Regional del Quindío, asumida posteriormente por la oficina de la veeduría de la PGN, bajo el radicado IUC-D-2008-812-58482 dentro de la que se profirió el fallo de destitución.

Por lo anterior, Vélez adujo que es evidente la existencia de dos decisiones definitivas, con fuerza de cosa juzgada para los mismos hechos y la misma disciplinada, pero con efectos jurídicos sustancialmente diferentes. Siendo la primera en el tiempo el archivo definitivo de la actuación del 6 de junio de 2008, “acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y que termina el proceso con fuerza de cosa juzgada”.