18 de junio de 2021
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Polistas y organizaciones sociales demandarán sostenibilidad fiscal

11 de julio de 2011
11 de julio de 2011

De esta manera, se busca evitar que el gobierno de Juan Manuel Santos obstaculice la autorización de tutelas argumentando afectación al presupuesto nacional.

Al concluir el Primer Encuentro Nacional de Beneficiarios y Defensores de la Tutela, promovido por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) más de un millar de ciudadanos y ciudadanas de diferentes regiones del país expidieron una declaración final en la que se consignó el compromiso de los asistentes de interponer una acción pública de inconstitucionalidad al principio de sostenibilidad fiscal.

Los promotores de la acción popular consideran que la aplicación de ese principio a la reforma a la salud podría causar daños irreparables a la tutela como instrumento para defender los derechos ciudadanos.

Al respecto, la directora general del IDPAC, Gloria Cuartas Montoya, sostuvo que hay que buscar todas las estrategias necesarias que permitan salvaguardar este valioso mecanismo de defensa de los derechos humanos. “Esto es un pacto social; es un compromiso de las entidades del Distrito para que en esta recta final de la Bogotá Positiva se hagan encuentros ciudadanos y todas las acciones para la defensa de la tutela”.

Ana Patricia Sarmiento, delegada de la mesa de discapacidad, expresó que el proyecto de sostenibilidad fiscal “va contra el Estado Social de Derecho y de la autonomía de los jueces”, ya que no les permitirá fallar tutelas que podrían afectar el presupuesto nacional.

La bancada del Polo Democrático en el Congreso de la República en forma categórica durante el debate de esta iniciativa del gobierno santista para desconocer los derechos fundamentales de los colombianos, se opuso rotundamente.

En la Cámara de Representantes, el congresista del Polo Germán Navas Talero presentó ponencia negativa.

Al argumentar su negativa, Navas Talero precisó que “la persistencia del déficit fiscal y el manejo deficitario de la economía son las causas reales que llevan al Gobierno a proponer elevar a rango constitucional el principio de sostenibilidad fiscal, con el objetivo de garantizar la estabilidad macroeconómica del país. Con esta medida se pretende establecer límites cuantitativos al gasto público, renunciando a otras alternativas existentes y menos gravosas para los ciudadanos, para el financiamiento del déficit en pro del crecimiento económico”.

“En Colombia, no obstante lo anterior”, precisó el parlamentario del Polo, “para efecto de no dejar al simple regateo político de la coyuntura la decisión de la priorización, la misma Constitución determina que el gasto social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación, principio concordante con la caracterización de nuestro Estado como un ‘Estado Social de Derecho’, cláusula que se concreta en la eficacia material de los derechos fundamentales y de su complemento necesario que son los derechos sociales y económicos”.

Durante la discusión del proyecto de sostenibilidad fiscal la bancada del Polo Democrático, se retiró del recinto. Como ponente, dijo el senador polista Luis Carlos Avellaneda: “presenté ponencia solicitando a la plenaria ordenar el archivo del proyecto, al considerar que éste pretende sustituir el carácter humanista de nuestra Constitución centrado en la garantía de los derechos de las personas, para transformarla en una carta centrada en la economía, de manera qué el principio de sostenibilidad fiscal, al elevarse a rango Constitucional, terminaría de coartar la iniciativa legislativa en el Gasto, e impondría un estrecho límite a las autoridades judiciales a la hora de fallar en garantía de los derechos fundamentales y de los derechos económicos, sociales y culturales”.

“De esta manera”, anotó, “con la mencionada reforma se continúa profundizando a límites ya insoportables nuestro exacerbado presidencialismo, pues sería el poder ejecutivo, quien tendría el poder exclusivo sobre el manejo del gasto público, y por ende, sobre la garantía de los derechos de los colombianos, que valga anotar, no se ha caracterizado por proteger ni promover”.