14 de junio de 2021
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Extinción de dominio a bienes producto de la corrupción en caso Dian

14 de julio de 2011
14 de julio de 2011

El alto funcionario anunció que la Fiscalía iniciará trámite de extinción del derecho de dominio contra las propiedades adquiridas por los hoy procesados mediante la comisión de esas conductas punibles.

La siguiente es la intervención del Vicefiscal General de la Nación:

“La Fiscalía General de la Nación inició una investigación formal a principios de este año con base en las actuaciones desplegadas por la policía judicial y la información que suministrara la misma Dian. Se descubrió la existencia de una organización criminal compuesta por abogados, contadores y algunas personas que eran ex funcionarios de la Dian.

A partir del descubrimiento de la empresa criminal, se descubrió el “modus operandi” de la misma, consistente en falsificar facturas, en inventarse documentos y llevar a cabo simulaciones de exportaciones, obteniendo obviamente un incremento patrimonial a raíz de la creación de unas empresas ficticias que solicitaban la devolución de un impuesto que nunca se había causado.

Por eso la Fiscalía solicitó 17 órdenes de captura, de las cuales se han hecho efectivas12, dentro de las cuales se logró la de los líderes de la organización criminal. Adicionalmente, en las próximas horas la Fiscalía llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación por los delitos de concierto para delinquir, falsedades en documento privado, documento público, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, toda vez que estas personas pretendían, en muchos casos, introducir al circuito económico legal las ganancias de esta conducta punible.

Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación quiere agradecer la colaboración de la Dian, de la Policía Nacional, del Gobierno nacional y de la Procuraduría a través de la agencia del Ministerio Público en este proceso, y señalar también que la Fiscalía, al realizar los 25 allanamientos que se han hecho hasta el momento en Bogotá y en Pereira, principalmente, va a proceder a iniciar los procesos de extinción de dominio, dejando absolutamente claro que cualquier bien que se obtenga derivado de una conducta punible de delitos contra la administración pública o de corrupción no solamente puede ser constitutiva de un delito de lavado de activos sino que la persona no podrá pretender nunca argumentar que adquiere la propiedad de un bien que se origina en la corrupción”.