Condenada a diez años de prisión exgerente de Redsalud
Sobre la tesis dada por la defensa de que Zapata Valencia era madre cabeza de hogar y que por lo tanto pedía que le dieran la prisión domiciliaria, la administradora de justicia argumentó que de acuerdo con el análisis de la comisaría de familia se demostró que el padre de los dos hijos del matrimonio estaba en la capacidad de hacerse cargo de estos.
Asimismo, dijo que la separación de la unión marital ocurrió luego de haber comenzado el proceso y que dentro de los términos de dicho divorcio había quedado establecida una cuota de manutención.
La pena superó los 36 meses de prisión que consagra el artículo 63 del Código Penal, es decir que no tenía la posibilidad de que obtuviera el beneficio de una condena de prisión condicional.
De esta forma, la medida emitida secundó lo reclamado por la Fiscalía, en cuanto que se envió un claro mensaje de que los recursos públicos y la administración pública, son un bien supremo y que en consecuencia tiene que preservarse.
La defensa
Por su parte, Alexánder Zúñiga abogado de Zapata Valencia indicó que interpusieron el recurso de apelación y que tienen cinco días para sustentar el mismo. “Por lo pronto como fueron negados los sustitutos, a mi representada la trasladaron a la cárcel de María Cristina de Armenia”.
Agregó que el beneficio que tenía que era el de la domiciliaria, con permiso para trabajar, “se le negó, por lo que fue enviada de inmediato al establecimiento carcelario”.
Exaltó que una vez presenten la sustentación quedarán atentos de lo que establezca el Tribunal Superior de Armenia, “pues eso ya es incierto, pues todo depende a la carga laboral que tenga para que pueda decidir sobre este asunto. Lo que se entiende es que los procesos que tienen personas privadas de la libertad se resuelve con más agilidad”.
Antecedentes
Es de destacar que a lo largo del proceso la Fiscalía dejó entrever varias anomalías en la celebración de dos contratos que adelantó la ESE con una particular para dictar unos talleres de salud sexual reproductiva, planificación familiar, cáncer de cérvix, entre otros.
Se hizo conocer que dentro de los participantes en la audiencia de adjudicación, que se realizó el 28 de diciembre de 2007, estaba incluida una prima de la entonces coordinadora de PID, Margarita Lenis Pérez, la que finalmente fue elegida como contratista.
Otro de las cosas que el ente acusador logró demostrar fue que varios datos importantes del formato técnico de planeación contractual de Redsalud se dejaron de llenar, y que aún así tenían el visto bueno de la entonces gerente Beatriz Elena Zapata Valencia.
Es de destacar que Lenis Pérez, vinculada inicialmente al proceso con Zapata y condenada al aceptar cargos al igual que su prima, fue nombrada por la ex gerente interventora del contrato y que dentro de sus funciones debía estar pendiente del mismo, así como notificar cualquier irregularidad, recibir el servicio, entre otras.
Asimismo, es de resaltar que este proceso fue suspendido en varias ocasiones por cosas como la del 30 de julio de 2010 donde el entonces defensor de Zapata no se presentó a la audiencia, hecho del que se dejó constancia y por el que se enviaron copias al Consejo Seccional de la Judicatura.
Otro de los motivos de suspensión —23 de septiembre de 2010— fue que la acusada demostró que era atendida en el hospital universitario San Juan de Dios, fecha para la que debía rendir su testimonio para continuar el trámite del juicio. Ante esto la administradora de justicia solicitó a medicina legal le practicara a la sindicada una valoración para determinar su estado de salud.
En el intento de continuar en el normal desarrollo del juicio, 6 de diciembre de 2010, la defensa dijo que reacusaba a la juez, por lo que debió suspenderse nuevamente el ejercicio hasta tanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia resolviera la situación a la que dicha instancia no le dio trámite a la pretensión.
Después de lo anterior el proceso se retomó el pasado 5 de julio donde el juzgado había destinado dos días de su agenda para dar el debido trámite, pero que ante solicitud del representante de los intereses de Zapata debió aplazarse en razón que manifestó tener otros compromisos profesionales el día siguiente, por lo que sugirió una fecha —13 de abril de 2011— para continuar, cita que incumplió el abogado, y por lo que la juez debió fijar como nueva —4 de mayo de la actual vigencia—, sesión en la que se pidió una suspensión ante la petición de la defensa de asignar un delegado especial.
El 24 de junio se continúo el juicio de la ex gerente con la lectura del sentido del fallo, que fue condenatorio y de ahí se fijó el 27 de julio para la lectura de la condena.
Por: Gustavo Adolfo Andrade Patarroyo