21 de junio de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Una conducta inexplicable

11 de junio de 2011

Su finalidad es la defensa de las libertades políticas. Tradicionalmente, Colombia lo ha respetado. Y está bien que lo haya hecho, porque es una conquista democrática. Últimamente se ha mencionado por un caso que tiene que ver con la justicia colombiana. Es conveniente, en consecuencia, reflexionar sobre él.

Víctor Raúl Haya de la Torre fue un líder político del Perú. Fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana – Apra-, movimiento antiimperialista y contrario a la oligarquía, que habría de luchar por las masas excluidas de América latina. Compartió algunas luchas con el escritor José Carlos Mariátegui, autor de una formidable obra sociológica (“7 ensayos de interpretación de la realidad peruana”), pero se distanciaron cuando éste fundó el partido socialista peruano.

En 1948 llegó al poder el general Manuel A. Odría, al derrocar por medio de un golpe de Estado al presidente José Luis Bustamante, quien había sido elegido con la ayuda de Haya de la Torre. En 1950, éste se asiló en la embajada de Colombia en Lima, para eludir la persecución de la dictadura. El gobierno peruano pidió su entrega, pero el asilo se mantuvo hasta 1954, año en que se le permitió la salida del país. Lo que más llama la atención de este episodio es la circunstancia de estar Colombia, en ese tiempo, sometida a las dictaduras conservadoras de Ospina, Gómez, Urdaneta y Rojas Pinilla. Lo lógico habría sido que las coincidencias ideológicas de estos gobernantes con Odría, hubieran causado la negativa del asilo. Por fortuna no fue así.

Sin embargo, no todas han sido historias honrosas como ésta. Ha habido algunas que avergüenzan. Veamos.
En 1983, Roberto Soto Prieto se ingenió la manera de robarse 13,5 millones de dólares del Banco de la República. Después viajó a Austria, país que lo asiló, porque alegaba ser un perseguido político, y en el cual vive, disfrutando de sus riquezas y de la aureola de mártir por sus ideas.

Cuando era fiscal Alfonso Gómez Méndez, comenzó una investigación contra Álvaro Leyva, originada en dineros supuestamente recibidos de algún narcotraficante. Naturalmente, nada tenía que ver con su credo político. A pesar de esto, se refugió en Costa Rica, cuyo gobierno le concedió el asilo.

Después del bombardeo al campamento de ‘Raúl Reyes’, una de las guerrilleras que allí estaban se asiló en Nicaragua. Ortega la recibió con los brazos abiertos y con todos los honores, como si no fuera integrante de una cuadrilla de malhechores comunes, dedicada al secuestro, el terrorismo y el narcotráfico.

En 1991, Jean Bertrand-Aristide, presidente de Haití, fue derribado por el coronel Raúl Cedras. La invasión de Estados Unidos puso fin a la dictadura de este último, quien se asiló en Panamá. Allí permanece asilado y así impide que se le castigue por sus crímenes.

Ahora el presidente panameño Roberto Martinelli le ha concedido asilo a María del Pilar Hurtado, a quien en Colombia se investiga por delitos comunes de una gravedad extrema. Nada justifica esta conducta. Que en Colombia hay todas las garantías para que ella tenga un juicio justo, lo demuestra el trato dispensado al ex secretario general de la Presidencia, procesado por los mismos hechos que aquélla y quien fue dejado en libertad mientras avanza el proceso. Si hubiera comparecido como era su deber, la señora Hurtado podría estar en Bogotá, libre y cumpliendo los contratos que le prometiera el presidente Uribe. Prefirió huir, hecho contrario a su presunción de inocencia.

Con razón, el ex presidente Martín Torrijos ha exigido una explicación de Martinelli, y ha dicho que si fuera en su gobierno la señora Hurtado no estaría en Panamá.

Éstas son prácticas que desprestigian las instituciones. Es una perversidad amparar delincuentes comunes. Y es una ofensa contra Colombia, porque la señora Hurtado desconoció derechos fundamentales, como la libertad de pensamiento y la intimidad. Y entre sus víctimas estaban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quienes en Panamá respetan el orden jurídico, deben ser los primeros en combatir torpezas como ésta. Una nación respetable no puede ser guarida de criminales.