16 de mayo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Procuraduría presentó requerimientos al Gobernador del Quindío

24 de junio de 2011
24 de junio de 2011

El informe del departamento del Quindío acogió parcialmente los lineamientos aportados desde la Mesa Técnica Nacional de Rendición Púbica de Cuentas; la estructura está desarrollada por categorías de derechos y objetivos de política pública, la cual no da cuenta de los avances o rezagos del departamento por ciclo vital, es decir, no se cuenta con información discriminada por primera infancia, infancia, adolescencia y juventud según el territorio.

Con excepción del indicador sobre el porcentaje de consejos de Política Social, el informe no hace cotejos entre sus municipios, no permite compararse con sus pares ni determinar cumplimientos por encima o por debajo de las metas nacionales; tampoco identifica cómo contribuye el departamento al cumplimiento de estándares internacionales como el compromiso del país con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Las preguntas orientadoras planteadas para el análisis de la información no son desarrolladas, ni lo relacionado con la información de interés para la ciudadanía que permita conocer la garantía al derecho de información frente a las quejas, los reclamos, los derechos de petición, las tutelas y otros mecanismos jurídicos de exigibilidad por ciclo vital y por derechos.

De igual manera, el documento no indica los logros y las dificultades frente al tema de arquitectura institucional. Prescinde de información que dé respuesta a los contenidos sobre identificación de prioridades y recomendaciones de acciones de política y aspectos financieros como 1) las fuentes de financiación del gasto público social territorial comparadas con vigencias anteriores; 2) en qué medida se adicionaron, se redujeron o se dejaron de ejecutar estas fuentes a 31 de diciembre de cada vigencia; 3) el esfuerzo fiscal de la entidad territorial para aumentar y proteger esas fuentes; 4) el registro y evaluación de los mecanismos que tiene para realizar el seguimiento, el control y la evaluación al gasto público social.

Sobre las buenas prácticas, el departamento del Quindío no consideró el documento técnico remitido, en el cual se describen los elementos mínimos para definir una experiencia como una buena práctica. El informe no presenta la evaluación prospectiva sobre el proceso de gestión para la garantía de derechos de infancia, adolescencia y juventud, ni da respuesta a las preguntas orientadoras para este análisis; también omitió el plan de mejoramiento para identificar los procesos que a juicio de la gobernación deben mejorar para la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud en el departamento, así como los responsables de dichas acciones y los recursos que se requieran para tal fin.

Se destacan como aspectos positivos los procesos en la formulación de la Política Publica de Infancia y Adolescencia, que avanza en un 80%, y la Política Publica de Juventud con el 65%. Estas propuestas tienen un tiempo de ejecución que va desde su aprobación hasta el año 2020.

Del análisis por categoría de derechos se observó que el departamento no presentó las inequidades en la garantía de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes por municipio y en comparación con el nivel nacional, lo que muestra incompleto el ejercicio; no identifica prioridades, ni hace recomendaciones de acciones de política para cada categoría de derechos y ciclo vital. En el informe está ausente el enfoque de género, el enfoque diferencial por etnia, condición de discapacidad, condición de desplazamiento y enfoque territorial.

Como organismo de control y en cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría presentó algunas recomendaciones, a saber:

a) Tener en cuenta los 79 indicadores acordados por la Mesa Nacional de Rendición Pública de Cuentas (65 sociales y 14 de gasto público social).

b) Analizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes por ciclo de vida.

c) Incluir indicadores que permitan hacer comparaciones entre los diferentes municipios, el departamento y la Nación en los casos en que los resultados están por encima de las metas y en las que se encuentren por debajo de lo programado.

d) Incluir información relacionada con el reclutamiento forzado de niñas y niños, adolescentes y jóvenes por parte de los diferentes grupos al margen de la ley.

e) Elaborar el informe de gestión acorde a las orientaciones técnicas dadas por la Mesa Técnica, incluyendo el anexo en Excel, con la información requerida, entrando por ciclo vital, categorías de derechos y objetivos de política pública.

f) Presentar el plan de mejoramiento que incluya la totalidad de la estructura definida en las orientaciones técnicas para el análisis y los contenidos del informe de gestión, el cual deberá incorporarse en el informe de gestión a ser remitido a más tardar el 29 de julio de 2011 y divulgado ampliamente ante la ciudadanía.

Los resultados de la gestión del gobernador del Quindío, la de los restantes 31 gobernadores y del Distrito Capital, serán analizados en el marco de los 79 indicadores construidos, los cuales permitirán hacer comparaciones entre los municipios, los departamentos y el nivel nacional.

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Gobernador del Departamento del Quindío, Julio Cesar López Espinosa, incluir en el informe de gestión el plan de mejoramiento con las acciones para los requerimientos aquí señalado y remitirlo en la fecha indica.