Procuraduría escuchó a funcionarios de la Unidad de Minas de Caldas

Los representantes de cada entidad escucharon y debatieron sobre el presente y futuro del municipio insignia de la minería caldense: Marmato, ubicado en el occidente del departamento, en donde esta actividad ha crecido con el pueblo por más de 400 años.

Para el Alcalde de la localidad Ariel Ortiz, el caso de Marmato es especial, “ya que es una minería superpuesta, una especie de propiedad horizontal; por eso le solicitamos al Ministro de Minas que nos ayude para que los mineros tengan la posibilidad de que estas solicitudes de legalización sean viables”, afirmó el mandatario local.

Según Carlos Barón, asesor judicial de la Procuraduría Ambiental y Agraria, lo que se pretende es coordinar entre los diferentes entes locales, departamentales y nacionales la búsqueda de alternativas para llegar a soluciones concretas como minimizar la mitigación de los impactos ambientales que causa la explotación minera y lograr la legalización de títulos mineros.

Para el funcionario parte de esa solución radica en que las multinacionales que operan en el municipio demuestren con claridad el tipo de explotació que van a realizar y hasta donde va su proyecto; a la vez que se debe garantizar a los mineros tradicionales el respeto de sus derechos y que se de el cumplimiento al ordenamiento jurídico establecido por el Código Minero.

Según Henry Murillo Arboleda, Secretario de Gobierno de Caldas, lo destacado de esta presentación a la Procuraduría General fue que se "demostró que los procedimientos que realiza la Unidad Minera está acordes a la transparencia y exigencia de todos los mineros del departamento”…”Estamos articulando esfuerzos para que CORPOCALDAS, Unidad Minera e INGEOMINAS podamos proceder acordes a las expectativas de los mineros”, dijo el funcionario.

Estas normas sobre legalización están amparadas bajo la LEY 1382 DE 2010, la cual modificó la Ley 685 de 2001, del Código de Minas y que establece las normas y requisitos en el sistema de contratos de concesión en la minería tradicional realizada en minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional.