18 de junio de 2021
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La vida, por encima de cualquier riqueza

26 de junio de 2011

En Medellín, como lo señalan los periodistas, los hospitales y clínicas no dan abasto. La atención del paciente está plagada de obstáculos. Esta problemática no es nueva y acarrea graves consecuencias. Además del caso de Coomeva, está, por ejemplo, la EPS estatal Caprecom, irresponsable e inesperadamente dejó de prestar servicios en Medellín porque no le era rentable operar en la ciudad. Varios pacientes, señalan los periodistas, pasaron de una a otra EPS buscando que los atendieran y han tenido que recurrir a la famosa tutela.

El mal servicio está generalizado en todo el país. En un estado social de derecho, cuya Constitución prevé, en letras de oro, salvaguardar la salud sobre cualquier interés, parece absurdo que se privilegie la atención para aquellos que tengan más posibilidades económicas. Lo más paradójico es que quienes tienen mayores ingresos, además de tener su EPS, deben pagar altas sumas de dinero en las llamadas prepagadas para obtener una atención más rápida y eficiente. Pero aquellos que no pueden, tienen que soportar la humillación y el maltrato de las EPS.

No he podido entender cómo es eso de que en la salud, que es una política pública, existan pacientes de primera y segunda categoría. Estos últimos deben someterse al imperio del Ibuprofeno, que es lo que generalmente recetan los galenos para reducirles los costos a las EPS.

Humberto Rojas Silva, hermano de un amigo cercano, pensionado de la Caja Agraria y afiliado a la EPS Humana Vivir desde hace 10 años, es diabético. Esta enfermedad degenerativa le surgió como consecuencia de una mala atención médica. Como si fuera poco, perdió la visión de uno de sus ojos por la negligencia en la atención, pues lo remitían de Neiva a Bogotá sin determinar dónde debían hacerle la cirugía; así transcurrieron seis meses hasta que tuvo que poner una tutela que finalmente ordenó la intervención quirúrgica. Sin embargo, ya era tarde, pues había perdido el ojo.

También está el caso de María del Pilar Correa. La mujer acudió por algunas molestias a una EPS -omito el nombre de ésta para no generar suspicacias-, sin embargo, le indicaron que no le podían dar cita en ese momento. Meses después fue llamada para su consulta. Su hija advirtió que no podía asistir porque un mes atrás había muerto.

Parece ser que la Ley 1438 aumentará el control de la Superintendencia de Salud y servirá de marco jurídico para un mejor sistema. Sin embargo, a mi juicio, se quedará corta. La Ley 100 seguirá igual, lo que dificulta la regulación de las EPS.

Según el gremio médico, la salud requiere de un cambio profundo en el que la vida de una persona no esté sujeta al capricho de un funcionario de una EPS, o de los vaivenes de éstas. La política de Estado debe preservar a toda costa la vida de sus ciudadanos. Como bien lo dijo Homero, "la vida está por encima de cualquier riqueza guardada".