14 de junio de 2021
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Acusan por cinco delitos a primeros implicados en escándalo de corrupción en salud

11 de junio de 2011
11 de junio de 2011

Los acusados son: Claudia Patricia Rojas Puerta, coordinadora de Análisis de Recobros del Ministerio de protección Social; Luís Andrés Ruíz Martínez, ingeniero de Sistemas de esa misma entidad; Édgar Isaías Medina Millán, Jhon Carlos Lamus Rodríguez y Héctor Mauricio Durán Poveda.

Estos primeros cinco acusados fueron señalados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, cohecho propio, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito de particulares.

El fiscal 23 delegado ante el Tribunal, Mario Montes Giraldo, dijo que estas personas integraron un empresa criminal y están implicados en un millonario fraude de los recursos del Estado, y que para demostrar su responsabilidad los investigadores cuentan con más de un centenar de pruebas.

En el escrito de acusación de 33 páginas, la Fiscalía General estableció dentro del escándalo del sector de la salud que entre el período 2006 al 2011 fueron pagados bajo toda clase de irregularidades 10.910 recobros a cinco EPS del país.

El documento conocido por RCN La Radio sostiene que "se realizó el análisis uno a uno de 14.852 recobros, dentro del aludido período 2006 al 2011, pertenecientes a cinco EPS: Salud Colpatria, Coomeva EPS, Ecoopsos, Famisanar y Solsalud".

De acuerdo con los investigadores, en desarrollo de este análisis se precisó que el 75 por ciento, equivalente a 10.910 de los recobros analizados, tienen algún tipo de irregularidad o novedad y tan sólo el 25 por ciento correspondiente a 3.672 recobros se encuentran sin ningún tipo de observación.

La Fiscalía encontró una serie de irregularidades:

1. Se encontró que algunos recobros no tenían el soporte de la tutela ni del comité técnico científico. Otros no contenían firmas del acta o figuraban como rechazado.

2. Con relación a las facturas se halló que algunos recobros no las tenían y que en otros casos se encontraban alterados los sellos y fechas que estas contienen.

3. Algunos recobros no tenían fecha de radicado ante el FOSYGA o se encontraban con alteraciones, eran ilegibles o presentaban tachonaduras.

4. No existía concordancia directa entre las causales invocadas por la auditoría para glosar los recobros total o parcialmente y aquellas que se invocan por la Mesa de Trabajo, para efectos de levantar las glosas.

5. En el archivo digital se daba a conocer que el tipo de afiliación era del régimen contributivo y físicamente se encontró que pertenecía al régimen subsidiado.

6. En cuanto a las tutelas, se estableció en algunos casos que no figuraba el mismo nombre del paciente o su apoderado, frente a los datos de la tutela.

7. En otras oportunidades, al realizar la verificación física se encontró la inconsistencia de la tutela que autoriza un recobro por el 50 por ciento, pero la EPS recobró por mayor valor.

8. En otros, al realizar la verificación física se observó que la hoja del fallo de tutela se encontraba sin siquiera la firma del juez.

El escrito de acusación la Fiscalía concluyó que “en virtud de las prebendas gestionadas, ofrecidas y aceptadas por los miembros de la asociación criminal, se determinó que en las resoluciones, dictámenes o conceptos aludidos se dejaron de lado las normas jurídicas aplicables al caso y se hizo prevalecer el capricho de los funcionarios (implicados)”.