22 de febrero de 2024

Macroproyectos de vivienda de interés social: un negocio para los urbanizadores

27 de mayo de 2011

Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en Colombia existe un déficit habitacional total de 3.828.055 hogares, de los cuales 2.520.298 (66%) padecen déficit cualitativo, es decir, viven en lugares que no cumplen con los estándares mínimos de calidad y por ende, no ofrecen una vivienda digna a sus moradores; y 1.307.757 hogares, (34%) que adolecen de un déficit cuantitativo, es decir, que no tienen vivienda.

La dimensión cualitativa de este déficit pone en evidencia algunos de los problemas más graves que enfrentan los hogares colombianos que es la deficiencia de servicios públicos domiciliarios que alcanza el 50%; la inestabilidad en la estructura de las viviendas 22% y altos niveles  de hacinamiento donde el 36% de los hogares están compuestos por más de 5 personas que habitan en una misma alcoba. En parte estas condiciones se explican, por la falta de inversión en el sector, en efecto, el gasto público de Colombia en vivienda, calculado en 0,6% del PIB aproximadamente, es el segundo más bajos de América Latina, en los últimos años.

Sin embargo, el aspecto más preocupante de la situación de la vivienda en Colombia es que no existe una Política Pública Nacional de Vivienda que subsane el déficit habitacional especialmente en las modalidades Vivienda de Interés Social VIS y Vivienda de Interés Prioritario VIP. En efecto, es preciso resaltar que hasta el momento, la propuesta del Gobierno Nacional, ha sido privilegiar a través de los Macroproyectos en curso la oferta de vivienda no VIS, mayor a $93.730.000.

Con los debates de la presente iniciativa en las Comisiones Séptimas Conjuntas se ha querido precisamente subsanar las debilidades de la propuesta inicial de Macroproyectos de Interés Social Nacional teniendo en cuenta las sugerencias tanto de la Corte Constitucional como de distintos sectores sociales y la academia. Principalmente, queremos señalar las proposiciones de la Senadora Gloria Inés Ramírez en respuesta de algunas de las sugerencias presentadas sobre el tema.

En primer lugar, se dio aprobó la aclaración de que los Macroproyectos deben ser orientados exclusivamente para usos residenciales y/o complementarios a la vivienda lo que incluye evidentemente la correspondiente infraestructura de soporte para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos, espacios públicos y equipamientos colectivos. Especialmente para vivienda de interés social y prioritario cuyo valor se estima en $37.492.000.

Sin embargo, el Gobierno Nacional sigue pretendiendo introducir la expresión habilitación del suelo para “otros usos” diferentes a la vivienda posibilitando la entrada de negocios de inversión privada como zonas francas, comerciales u otros, tergiversando el espíritu que debería tener la Ley.

En segundo lugar, con el fin de que las familias y personas sin capacidad de ahorro ni acceso a crédito hipotecario puedan acceder a una vivienda digna, se propuso la opción de contrato de arrendamiento con opción de compra, mediante el cual, las familias podrán ir adquiriendo la vivienda a través del pago de un arriendo establecido por los lineamientos de la Ley 820 de 2003.

Sumado a lo anterior, se sugirió la propuesta de articular el subsidio familiar de vivienda con dicho contrato, con el fin de garantizar el cierre financiero. Así mismo, se defendió la idea de entregar de subsidios sin requisito de ahorro previo y a familias que deseen adquirir lotes o predios para la autoconstrucción de su residencia.  De igual manera, se introdujo el tratamiento preferente a las mujeres cabeza de familia, las y los trabajadores informales, las madres comunitarias y los desempleados cuando la situación lo requiera.

En cuarto lugar, se realizaron una serie de aportes conceptuales sobre la perspectiva del derecho a la vivienda digna y adecuada consagrado en la Carta Política y del Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), especialmente, las observaciones 4 y 7 de su  Comité que hacen alusión al derecho a una vivienda digna y adecuada, y a una serie de prerrogativas que debe garantizar el Estado como la seguridad en la tenencia, la calidad física, la accesibilidad y asequibilidad  económica y la adecuación cultural de la vivienda, aspectos que sólo tuvieron una acogida parcial.

Finalmente queremos resaltar, nuestro desacuerdo con la posibilidad que plantea el Proyecto al establecer la posibilidad que los Macroproyectos puedan ubicarse en los suelos de uso prioritario para el sector agropecuario, forestal y de explotación sostenible, teniendo en consideración uno de los Autos de advertencia de la Contraloría General de la República, que indica que en ningún caso debe permitirse esto, debido a los posibles impactos negativos en la seguridad alimentaria de la población.  

Estas, entre otras proposiciones fueron puestas en consideración de la Comisión , quiero dejar claro a la ciudadanía mi compromiso por seguir respondiendo a las inquietudes entorno a este trabajo, así como, invitarla a pronunciarse sobre aspectos de la propuesta que aún son preocupantes, entre los que se destacan: la especulación de los precios de la tierra, las tarifas a los servicios públicos domiciliarios, las exigencias de la Corte Constitucional sobre la necesidad de implementar una política diferencial para la población desplazada, y la necesidad de reforzar los controles ambientales. Todo esto con la finalidad de alertarlos sobre un posible engaño disfrazado de benevolencia, y el gran negocio que se esconde a partir de un problema tan grave como el déficit de vivienda.